Asesinan a hija de miembro de la resistencia en San Pedro Sula

Jueves, 25 de Febrero de 2010
Los asesinos tocaron la puerta de la casa de Claudia Larissa Brizuela (36), a quien le dispararon por varias veces provocándole la muerte al instante, a eso de las dos de la tarde de este miércoles 24 de febrero, en San Pedro Sula, en las vísperas de una gran movilización convocada por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, en la capital.

Claudia recibió varios disparos en la cabeza, cuando se encontraba en su casa en la colonia Céleo González. Quedan huérfanos sus hijos Said (2) y Eduard (8).

Era el día en que cumplía sus 36 años, el calendario macabro de la represión escogió precisamente la fecha de su natalicio para perpetrar este hecho criminal que según dirigentes sociales, estaba dirigido a su padre Pedro Brizuela, a quien con esta acción contra su pariente le enviaron un mensaje de muerte también.

Ella es hija de Pedro Brizuela, un reconocido miembro del FNRP, quien señaló que en el país hay un Estado policíaco que vigila, persigue y mata a las personas que decidieron salir a las calles para reclamar el retorno a la institucionalidad.

Con Claudia suman tres asesinatos en el régimen de Porfirio Lobo Sosa. Vanessa Zepeda que fue asesinada el 03 de febrero y Julio Fúnez Benítez, muerto a tiros por paramilitares.

Pedro Brizuela un comprometido miembro de la resistencia y ex líder sindical, manifestó a defensoresenlinea.com que el crimen de su hija es un hecho oprobioso y que tiene relación directa con su participación en el FNRP.

El cuerpo de Claudia está siendo velado en el Sindicato de la Municipalidad de San Pedro Sula, hasta donde se desplazaron decenas de miembros de la resistencia a darle el pésame a su padre.

Según datos proporcionados por vecinos, una mujer que vio el hecho criminal fue detenida por la policía y hasta en horas tempranas de la tarde no se sabía su paradero, la sospecha es que la pudieran desaparecer para no dejar rastros.

Ahora la represión selectiva se dirige a las mujeres

Coincidiendo con el asesinato de Claudia, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, recibió más de tres denuncias en horas de la tarde de este miércoles, de mujeres que señalaron habían recibido amenazas contra su vida por su celular, otra fue perseguida con un vehículo y otras tres denunciaron acosa desde llamadas a sus teléfonos.

A una de ellas le amenazan con matarle a su hijo y a las personas que se relacionan muy cercanamente con ella.

Otra ha sido víctima de persecución desde el 12 de agosto en que unos 25 policías la golpearon salvajemente al grado de quebrarle los dientes, golpearle en la cara, producto de eso perdió su ojo derecho y presenta serios problemas en su columna.

Tres más, pertenecientes al Colectivo Feminista de Mujeres Universitarias, COFEMUN, expresaron ante COFADEH que hasta agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones han llamado a sus teléfonos para preguntarles por clínicas clandestinas de aborto, como una forma de intimidarlas por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y aprovechando la impunidad en que se encuentran todos los crímenes cometidos contra el pueblo hondureño desde el régimen anterior y el actual.

Lo preocupante del caso es que todo este clima de terror tiene su escenario unas horas antes de que se inicie una manifestación del FNRP convocado desde las ocho de la mañana de este jueves y donde participarán miles de personas.

Pero también la violencia contra la resistencia se ha incrementado desde el 28 de enero en que asumió el actual Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, quien manifestó que debe desmantelarse a la resistencia, pues la misma no tiene razón de ser.

En una conferencia de prensa realizada el martes, el FNRP señaló que rechazan la Comisión de la Verdad por estar impulsada desde los propios golpistas y que tiene ya las señales claras que lo que se pretende es dejar en total impunidad las violaciones a los derechos humanos que solo en 28 días del régimen actual suman unas 254.

Todo este panorama contrasta con la “agilidad” del Ministerio Público en sobreseer los casos contra militares que violentaron la libertad de expresión de Radio Globo en meses pasados. El propio fiscal ha manifestado que de oficio actuarán para dejar cerrados los juicios por violaciones a los derechos humanos, pero que han sido tipificados por la fiscalía como simples abusos de autoridad, concordando con los delitos incluidos en un decreto de amnistía, la que los golpistas dicen que se aplica al presidente Manuel Zelaya Rosales.

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