Por la tangente se fue la investigación del “Gacetazo”

Sábado, 20 de Febrero de 2010
Acusan criminalmente a la actual gerente de la ENAG y al coordinador de La Gaceta, pero por haber anulado las dos publicaciones. Aún no dicen quién ordenó imprimir las ediciones.

TEGUCIGALPA El Ministerio Público (MP) implicó ayer en el caso conocido como “El Gacetazo” a la actual gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) Marta García Casco, y al coordinador del periódico oficial, Marco Antonio Rodríguez Castillo.

Los respectivos requerimientos fiscales fueron presentados ayer en la tarde como lo anunció el fiscal general Luis Rubí, que dio a conocer los pormenores de la investigación en conferencia de prensa.

“En estos actos, luego del estudio hecho, responsabilizamos y ejerceremos la acción penal contra el señor Marco Antonio Rodríguez Castillo, coordinador de la impresión del diario oficial La Gaceta, y contra la directora de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ANAG), Martha Alicia Castro, por abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública”, dijo Rubí.

Agregó que se deducen responsabilidades contra Castillo y García porque el primero es el “encargado y coordinador de la impresión de La Gaceta. Contra García Casco porque sin tener ninguna facultad emitió una resolución anulando las dos publicaciones, por lo que incurrieron en abuso de autoridad”.

García Casco ordenó imprimir una resolución eliminando las publicaciones luego que surgió el escándalo sobre las supuestas irregularidades en el proceso de concesión del manejo de la represa de Nacaome y tras hacerse la doble publicación, una de estas fue una edición limitada conteniendo el decreto de concesión con el fin de favorecer únicamente a la empresa interesada.

“Esa segunda publicación corrió bajo la responsabilidad del señor Marco Antonio Rodríguez Castillo y el fin era sustraer el decreto de concesión”, añadió el fiscal.

TIEMPO conoció que se investiga el extremo que primero se pudo hacer la impresión de la edición limitada pagada por la empresa interesada en la concesión y luego la impresión masiva (con fecha 22 de enero) excluyendo el decreto a pesar que había sido sancionado y ordenado por el Ejecutivo con la firma del presidente de facto, Roberto Micheletti. Todo esto pudo haberse realizado entre el 29 de enero al primero de febrero del presente año.

EX GERENTE
Otro elemento dentro de las investigaciones fueron las declaraciones de la diputada Ana Julia García y el ex gerente de la ENAG, Fernando Calderón.
La diputada destapó la “olla” denunciando supuestas irregularidades en el proceso de concesión y aprobación hecha por el Congreso. El MP no reveló en su informe detalles, de lo que se conoció públicamente fue la visita de la diputada el 29 de enero a la ENAG.

Calderón dijo que le informó a la diputada que en esa fecha (29) la publicación del decreto no se había realizado como lo confirmó en declaraciones la misma diputada, pero Calderón estableció que García le ordenó que no hiciera la publicación de dicho decreto porque el Congreso estaba investigando el proceso de aprobación y que posiblemente se iba a derogar.

El ex gerente le respondió que era ilegal parar una publicación de un decreto porque sólo el Congreso tenía la potestad de derogar o quitar la vigencia de una ley. Ese mismo día Calderón recibió el sobre de despido.

El fiscal no específico si las investigaciones y acusaciones abarcarán a otras personas en las próximas horas. Aún queda en la nebulosa el fondo del problema. ¿Quién dio la orden para que se publicara la versión con el decreto de la concesión y quién ejecutó la orden?

PREGUNTA
¿Quién dio la orden para que se publicara la versión con el decreto de la concesión y quién ejecutó la orden?

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