Golpe de estado militar y terrorismo de estado del siglo XXI

Miércoles, 31 de Marzo de 2010
Informe derechos humanos en un país secuestrado

Introducción

Esta barbarie ocurrida en el siglo XXI, caracteriza una modalidad nueva de terrorismo de estado, terrorismo que pretende delegar la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en las instituciones de Estado, bajo argumentos inexistentes en la legislación nacional o en la jurisprudencia del derecho constitucional en el ámbito nacional e internacional.

Esta práctica de terrorismo se caracteriza por la participación del sector privado en la organización de estructuras que ejecutan actos de terror bajo la aquiescencia de un Estado secuestrado por una delincuencia transnacionalizada que agrade los derechos de la humanidad.

Desconocer e ignorar los principios universales del derecho para concretar su bárbara agresión, cuenta con la promesa que la comunidad internacional, inicialmente, los desconocerá y que progresivamente tendrán el reconocimiento, dejando la estela de crímenes para ser resueltos bajo sistemas de justicia nacional e internacional poco diligentes o cómplices, por omisión, en las estrategias del terrorismo del siglo XXI.

No comprometer a sus cercanos colaboradores como oficiales militares o de policía es un principio en esta práctica de terrorismo del siglo XXI ensayado en Honduras, disponer de los ejecutores de estos actos en puestos de dirección demostrando el poder con que cuentan en un Estado secuestrado; lograr el control de las instituciones privadas como el comercio y la empresa son indicadores claves observados en Honduras.

Mientras la etapa de fortalecimiento de la agresión se consolida habrá que limitar el actuar y la independencia de los gobiernos que surjan ya sea como resultado de un proceso electoral o la continuidad de una dictadura con carácter oligárquico.

Para cometer los más horrendos crímenes hacen contratas con sicarios que pueden movilizarse en una región; el caso de Honduras la contratación de sicarios colombianos, ex miembros de las AUC , ha sido evidente; la participación de prominentes y reconocidos empresarios en estas prácticas y actuando con la aquiescencia del estado, caracteriza el Estado secuestrado que hoy es Honduras; la articulación del sector oficial utilizando instituciones como la Secretaria de Gobernación y Justicia fue evidente en este proceso de agresión como consecuencia del terrorismo del siglo XXI, desde uno de los pisos de este edificio se dirigieron operaciones para la construcción del miedo y el terror, desde aquí se montó un dispositivo de agresión encubierto paralelo al trabajo abierto que ejecutaban militares y policías.

La contratación de ex camarógrafos de Televisión y ex miembros de estructuras como el 3-16 y la DNI, (Juan Blas Salazar) fue otra práctica del terrorismo del siglo XXI, utilizaban camarógrafos cada ves que reprimían una movilización, los hacían sacar filmados de las personas que enfrentaban la agresión policial-militar del crimen, estas filmaciones fueron utilizadas para el levantamiento de perfiles; perfiles que usaron ayer y usan hoy para cometer crímenes selectivos, se conoce que la estrategia es limpiarse del miedo que les ha generado la actitud gallarda de hondureños y hondureñas que les perdieron el miedo y los señalan como responsables de la escalada criminal contra los miembros del Frente Nacional de Resistencia.

Uno de los oficiales de Policía el Comisionado Danilo Orellana, tuvo participación directa en la selección de jóvenes del álbum de fotografías que manejaba en la Oficina de Crisis, estas fotografías las presentó por los medios de comunicación, al menos hay un joven que fue ejecutado, este caso vincula a miembros de la Policía-Militar, (en eso se convirtió el cuerpo de seguridad) y escuadrones de la muerte que participaron en la ejecución de este joven a quien el Comisionado Danilo Orellana señaló como responsable en la quema de una de las instalaciones de comidas rápidas en el centro de la ciudad. ¿Dónde esta Danilo Orellana?; ¿Qué hace con la información dispuesta bajo su resguardo?, ¿A quien se la está entregando?, ¿Por qué no se ha desmontado, oficialmente, la Oficina de Crisis?, ¿O esta funcionando?, ¿Por qué el Ministerio Público no ha requisado la documentación de la Oficina de Crisis?, ¿Quiénes acompañaron a Danilo Orellana en esta tenebrosa misión?.

Una muestra significativa para demostrar que este es un nuevo gobierno, entre tantos muestras que hay que enlistar, será desmontar, oficialmente, la Oficina de Crisis, conocer, oficialmente, quienes la integraban o integran; frente a la actual agresión que hoy recibe el pueblo de Honduras, muertes de campesinos, sindicalistas, profesores y periodistas, entre otros, nos cabe el supuesto que están potencialmente articulados a la Oficina de Crisis que se organizó para levantar perfiles y agredir la resistencia popular.

Creemos de capital importancia que la comunidad internacional, en el marco de su mandato, contribuya en exigir el desmantelamiento oficial de la Oficina de Crisis y solicitar al gobierno informen sobre el nombramiento de oficiales de policía señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, entre estos, al Comisionado Elder Madrid Guerra (nombrado Jefe de Comayagua y la Paz) señalado como torturador y al Comisionado Bonilla, más conocido como Tigre Bonilla (nombrado en Copan) señalado por cometer horrendos asesinatos antes del golpe y señalado en actos de agresión en la frontera con Nicaragua durante el golpe.

¿Por qué la comunidad de países que rechazan el crimen y la tortura no les inquieta la continuidad de la agresión que tiene el pueblo de Honduras con estos nombramientos; por que no le inquieta a la comunidad de países el nombramiento del General Romeo Vásquez Velásquez en la gerencia de Hondutel, mientras el pueblo entierra, casi a diario, sus muertos como consecuencia del golpe militar que él dirigió, es un acto de poder de quienes contribuyen en la construcción de la nueva doctrina de terrorismo de Estado.

Nota: fragmento de Informe sobre muertes extralegales y sumarias como consecuencia de persecución política. CODEH