Preocupa a Organizaciones de DDHH, eventuales desalojos violentos de prolongarse negociaciones

Miércoles, 24 de Marzo de 2010
Marvin Palacios | En un foro organizado por la Plataforma de Derechos Humanos para abordar la crisis generada por la tenencia de las tierras en el Bajo Aguán, dirigentes del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) manifestaron sentirse preocupados por un eventual desalojo que estarían ordenando los terratenientes de la zona, aprovechando una eventual ruptura de las negociaciones.

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“Hemos constatado las fuertes amenazas que pesan sobre los dirigentes, y los rumores de que grupos fuertemente armados llegarían en cualquier momento a desalojarlos”, expresó la periodista Dina Meza que participó en el foro en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Meza señaló que esto representa una guerra psicológica que afecta a hombres, mujeres, niños y niñas. Estas situaciones las hará circular a nivel nacional e internacional la Plataforma de Derechos Humanos.

“Vamos denunciar que en Honduras el derecho a la vida no concuerda con el discurso conciliatorio que pregona el régimen de Porfirio Lobo Sosa”, resaltó la comunicadora y defensora de los derechos humanos.

Por su parte Rudy Hernández quien forma parte de la comisión negociadora por parte del MUCA expresó que los terratenientes quieren resolver la situación antes de semana santa para irse a veranear y criticó la actitud del régimen de Porfirio Lobo Sosa de no actuar como representantes del pueblo.

Hernández resaltó que “se ha hablado de muchas cosas, pero los compañeros no se saldrán de las tierras, nos van a mandar a 5 mil soldados, no tenemos miedo, ellos (los terratenientes y el actual régimen) han generado la violencia, pero nosotros hemos emprendido la lucha pacífica por la recuperación de las tierras de la reforma agraria”.

“Somos hondureños, nacidos aquí y no es posible que nicaragüenses salvadores y árabes nos estén robando lo que nos pertenece”, dijo el joven dirigente campesino.

Se informó que este día la comisión del actual régimen estaría entregando una propuesta de solución al conflicto y que el MIUCA solicitaría un espacio de tiempo prudencial (de 10 a 15 días) para analizar y contestar la propuesta.

Régimen de Lobo Sosa debe resolver la crisis

La Plataforma de Derechos Humanos sostuvo que entre más tiempo transcurra para solventar la crisis, se agudizarán las precarias condiciones en que se encuentran miles de mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas discapacitadas y hombres que necesitan cuanto antes, la dotación de agua, alimentos, medicinas, tiendas de campaña y otros insumos, ya que actualmente pernoctan a la intemperie en las numerosas fincas de palma africana.

Inicialmente la comisión gubernamental les había ofrecido el otorgamiento de 3 mil hectáreas en la margen izquierda del río Aguán e igual número en la margen derecha, sin embargo se conoció que en los últimos días la propuesta cifraba dos hectáreas para cada familia.

En su disertación sobre las causas que han originado la crisis por la tenencia de la tierra en el bajo Aguán, el Director Ejecutivo de FIAN Internacional (Honduras), Gilberto Ríos destacó que el proyecto productivo desarrollado por el estado hondureño fue contaminado por tropelías en las que ha incidido mucho el control del poder político.

“El sueño del Bajo Aguán ha sido un proyecto de colonización y no de reforma agraria, porque no hubo suficiente voluntad política para hacer reforma agraria dentro de la frontera agrícola que representaba una gran esperanza para el futuro”, apuntó el defensor de derechos humanos y experto en el tema agrario.

Ríos resaltó que con este proyecto impulsado desde 1970, se suponía que el Estado haría las grandes inversiones en el valle del Aguán para proteger a los débiles, para proteger a los campesinos y campesinas de la reforma agraria que no solo no contaban con tierras, sino que no tenían recursos para invertir.

“Todas estas inversiones sin excepción alguna fueron financiadas por el estado de Honduras, es decir con dineros del pueblo hondureño, no es ningún Miguel Facussé, ni René Morales o Reynaldo Canales que han hecho inversiones de infraestructura (caminos, carreteras, sistemas de drenaje, bordos de contención), por lo que los campesinos y campesinas no están obligados a pagar altas cantidades de dinero por las tierras que pudieran ser devueltas a sus manos”, explicó Ríos.

En 1992, el presidente Rafael Leonardo Callejas decretó una contrarreforma agraria denominada “Ley de Modernización Agrícola que le permitió al oligarca Miguel Facussé y a otros dos terratenientes (René Morales y Reynaldo Canales) apropiarse de 20 mil hectáreas de 6 cooperativas del Bajo Aguán, en donde se ampliaron considerablemente los cultivos de palma africana.

Desde el 9 de diciembre de 2009 el MUCA decidió tomarse las tierras, los terratenientes reaccionaron ordenando violentos desalojados y hostigamientos en la zona, activando a grupos paramilitares (guardias de seguridad privada) fuertemente armados y el 8 de enero, el gobierno de facto de Roberto Micheletti ordenó el primero de varios operativos de desalojo, con saldo de muertos, heridos y capturados. Con el régimen de Porfirio Lobo Sosa la persecución y las amenazas a muerte en contra de los dirigentes campesinos, persisten en la zona.

Cabe señalar que para justificar los violentos desalojos en los de acuerdo a denuncias participan policía, militares y paramilitares, los medios de comunicación controlados por la oligarquía hondureña, han desatado una feroz campaña mediática de mentiras y falsedades en donde sostienen que los campesinos del Bajo Aguán están organizados como guerrilla y asesorados por extranjeros.

El domingo 14 de marzo, fue asesinado de varios disparos el periodista de Canal 5 de Tocoa, Colón, Nahun Palacios quien había denunciado las injusticias que contra los campesinos y campesinas en el Bajo Aguán.
En el foro participó la Su Directora del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), Alba Mejía quien manifestó a los presentes la solidaridad y el acompañamiento de la Plataforma de Derechos Humanos hacia el MUCA.

Mejía dijo que el informe presentado en el foro sobre la visita de la Plataforma a 5 cooperativas campesinas en el Bajo Aguán, refleja un a situación de calamidad que sufren los asentamientos humanos en las fincas de palma africana.

Sin embargo, la defensora de derechos humanos, elogió la dignidad del MUCA frente a las graves y diversas situaciones de violencia que sufren miles de familias campesinas que luchan por la liberación de las tierras en el Bajo Aguán.

Mientras tanto abogados del Frente Nacional de Resistencia Popular informaron que al menos unos 50 campesinos han sido procesados en los tribunales de Tocoa y Trujillo, acusados de usurpación de tierras, daños a la propiedad y hurto de la fruta de palma africana.

Uno de los abogados que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad, dijo que los campesinos enfrentan juicios en libertad y que a otros se les ha dictado sobreseimiento provisional. El profesional del derecho apuntó que el dirigente Adolfo Castañeda del MUCA, enfrenta 2 procesos judiciales promovidos por la Compañía Exportadora del Atlántico, propiedad del terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé.

El foro para analizar la actual situación que se vive en el Bajo Aguán, se desarrolló el pasado lunes 22 de marzo en el Centro Guadalupe Carney de la ciudad de Tocoa, con la participación de las organizaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos así como representantes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC),Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Union Nacional de Campesinos (UNC), Asociación Campesina Nacional (ACN), Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH), Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

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