Golpe de estado militar y terrorismo de estado del siglo XXI

Miércoles, 31 de Marzo de 2010
Informe derechos humanos en un país secuestrado

Introducción

Esta barbarie ocurrida en el siglo XXI, caracteriza una modalidad nueva de terrorismo de estado, terrorismo que pretende delegar la responsabilidad de crímenes de lesa humanidad en las instituciones de Estado, bajo argumentos inexistentes en la legislación nacional o en la jurisprudencia del derecho constitucional en el ámbito nacional e internacional.

Esta práctica de terrorismo se caracteriza por la participación del sector privado en la organización de estructuras que ejecutan actos de terror bajo la aquiescencia de un Estado secuestrado por una delincuencia transnacionalizada que agrade los derechos de la humanidad.

Desconocer e ignorar los principios universales del derecho para concretar su bárbara agresión, cuenta con la promesa que la comunidad internacional, inicialmente, los desconocerá y que progresivamente tendrán el reconocimiento, dejando la estela de crímenes para ser resueltos bajo sistemas de justicia nacional e internacional poco diligentes o cómplices, por omisión, en las estrategias del terrorismo del siglo XXI.

No comprometer a sus cercanos colaboradores como oficiales militares o de policía es un principio en esta práctica de terrorismo del siglo XXI ensayado en Honduras, disponer de los ejecutores de estos actos en puestos de dirección demostrando el poder con que cuentan en un Estado secuestrado; lograr el control de las instituciones privadas como el comercio y la empresa son indicadores claves observados en Honduras.

Mientras la etapa de fortalecimiento de la agresión se consolida habrá que limitar el actuar y la independencia de los gobiernos que surjan ya sea como resultado de un proceso electoral o la continuidad de una dictadura con carácter oligárquico.

Para cometer los más horrendos crímenes hacen contratas con sicarios que pueden movilizarse en una región; el caso de Honduras la contratación de sicarios colombianos, ex miembros de las AUC , ha sido evidente; la participación de prominentes y reconocidos empresarios en estas prácticas y actuando con la aquiescencia del estado, caracteriza el Estado secuestrado que hoy es Honduras; la articulación del sector oficial utilizando instituciones como la Secretaria de Gobernación y Justicia fue evidente en este proceso de agresión como consecuencia del terrorismo del siglo XXI, desde uno de los pisos de este edificio se dirigieron operaciones para la construcción del miedo y el terror, desde aquí se montó un dispositivo de agresión encubierto paralelo al trabajo abierto que ejecutaban militares y policías.

La contratación de ex camarógrafos de Televisión y ex miembros de estructuras como el 3-16 y la DNI, (Juan Blas Salazar) fue otra práctica del terrorismo del siglo XXI, utilizaban camarógrafos cada ves que reprimían una movilización, los hacían sacar filmados de las personas que enfrentaban la agresión policial-militar del crimen, estas filmaciones fueron utilizadas para el levantamiento de perfiles; perfiles que usaron ayer y usan hoy para cometer crímenes selectivos, se conoce que la estrategia es limpiarse del miedo que les ha generado la actitud gallarda de hondureños y hondureñas que les perdieron el miedo y los señalan como responsables de la escalada criminal contra los miembros del Frente Nacional de Resistencia.

Uno de los oficiales de Policía el Comisionado Danilo Orellana, tuvo participación directa en la selección de jóvenes del álbum de fotografías que manejaba en la Oficina de Crisis, estas fotografías las presentó por los medios de comunicación, al menos hay un joven que fue ejecutado, este caso vincula a miembros de la Policía-Militar, (en eso se convirtió el cuerpo de seguridad) y escuadrones de la muerte que participaron en la ejecución de este joven a quien el Comisionado Danilo Orellana señaló como responsable en la quema de una de las instalaciones de comidas rápidas en el centro de la ciudad. ¿Dónde esta Danilo Orellana?; ¿Qué hace con la información dispuesta bajo su resguardo?, ¿A quien se la está entregando?, ¿Por qué no se ha desmontado, oficialmente, la Oficina de Crisis?, ¿O esta funcionando?, ¿Por qué el Ministerio Público no ha requisado la documentación de la Oficina de Crisis?, ¿Quiénes acompañaron a Danilo Orellana en esta tenebrosa misión?.

Una muestra significativa para demostrar que este es un nuevo gobierno, entre tantos muestras que hay que enlistar, será desmontar, oficialmente, la Oficina de Crisis, conocer, oficialmente, quienes la integraban o integran; frente a la actual agresión que hoy recibe el pueblo de Honduras, muertes de campesinos, sindicalistas, profesores y periodistas, entre otros, nos cabe el supuesto que están potencialmente articulados a la Oficina de Crisis que se organizó para levantar perfiles y agredir la resistencia popular.

Creemos de capital importancia que la comunidad internacional, en el marco de su mandato, contribuya en exigir el desmantelamiento oficial de la Oficina de Crisis y solicitar al gobierno informen sobre el nombramiento de oficiales de policía señalados como responsables de cometer crímenes de lesa humanidad, entre estos, al Comisionado Elder Madrid Guerra (nombrado Jefe de Comayagua y la Paz) señalado como torturador y al Comisionado Bonilla, más conocido como Tigre Bonilla (nombrado en Copan) señalado por cometer horrendos asesinatos antes del golpe y señalado en actos de agresión en la frontera con Nicaragua durante el golpe.

¿Por qué la comunidad de países que rechazan el crimen y la tortura no les inquieta la continuidad de la agresión que tiene el pueblo de Honduras con estos nombramientos; por que no le inquieta a la comunidad de países el nombramiento del General Romeo Vásquez Velásquez en la gerencia de Hondutel, mientras el pueblo entierra, casi a diario, sus muertos como consecuencia del golpe militar que él dirigió, es un acto de poder de quienes contribuyen en la construcción de la nueva doctrina de terrorismo de Estado.

Nota: fragmento de Informe sobre muertes extralegales y sumarias como consecuencia de persecución política. CODEH

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A punta de puñetazos, golpes y amenazas, empresario obliga a trabajador a renunciar a sindicato

Miércoles, 31 de Marzo de 2010
Dina Meza | Mario Alonso (22), un joven que trabaja en una confitería, fue retenido, golpeado y amenazado por su patrón, Jorge Abudoj Fixione, para obligarlo a renunciar a un sindicato en la empresa, según denunció ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, este martes 30 de marzo.

De un puñetazo Abudoj Frixione, quien es dueño de la “Confitería Venus”, le reventó el labio a Alonso quien se vio obligado a gritar pidiendo auxilio pues el denunciado le manifestó que firmaba la renuncia al sindicato o perdía la vida.

El joven mostró ante el COFADEH las señales de golpes en los labios, pierna y espalda, los cuales fueron tratados en una clínica privada.

Denunció que Abudoj Frixione no les paga el salario mínimo y tiene infinidad de denuncias ante la Secretaría del Trabajo de cuya autoridad se ha burlado reiteradamente yendo a pagar una irrisoria multa y así evita devolverles el dinero restante del salario mínimo que en la actualidad es de unos cinco mil 600 lempiras, pero que solamente les entrega tres mil 200, a un número superior a los 160 trabajadores y trabajadoras, lo que suman más de 384 mil lempiras mensuales que se quedan ilegalmente en poder del empresario confitero.

“Es bien difícil que a uno lo tengan encerrado en una oficina, donde uno está solo , amenazado, firmar o la vida, preferí la vida y me hicieron firmar que renunciaba al sindicato y me dijeron que allí ya no me ocupaban y que si volvía me iban a sacar a patadas”, relató ante el Area de Acceso a la Justicia del COFADEH.

Agregó que cuando estaba en la etapa más crítica de la situación donde se sentía que podía perder su vida gritó para que alguien llegara a rescatarle. Así logré salir con golpes en la pierna, brazo y labio el cual me rompió de un puñetazo, diciendo que tenía que firmarle si no estaba muerto”.

Se lamentó que la falta de empleo en Honduras hace que los trabajadores tengan que aguantar tantos vejámenes a que les someten empresarios como Abudoj Frixione, pero eso es solo por la necesidad para poder llevar el pan de cada día a la casa.

“Él nunca nos aumenta y está requete demandado en la Secretaría de Trabajo- Nos da tres mil 200 lempiras, no nos paga el salario mínimo por eso decidimos formar el sindicato porque nos maltrata demasiado a veces hasta por una semana sin razón, solo porque ese día alguien le cayó mal. A uno lo obligan a quedarse haciendo horas extras las cuales no las pagan porque le dicen que queda pendiente el dinero.

Pelearé mi derecho a organización

Las horas que estuvo al filo de la muerte no le quitan las ganas de luchar y señaló con determinación que “voy a pelear mi caso porque no es justo que nos dejemos humillar , de llegar al extremo de maltratarnos y encerrarnos”

Denunció además que Abudoj Frixione hasta hace tiros dentro de la fábrica de confites para hacer sentir a los trabajadores y trabajadoras humillados, “solo porque estamos metidos en el sindicato y lo apoyamos, nos insultan y nos agreden. A las mujeres las maltratan y las ponen hacer cosas que no deben hacer”.

El COFADEH acompañó al muchacho ante la Fiscalía y solicitó un examen forense para que se constatara los golpes de que fue víctima el afectado.

Entretanto Silder Mejía, quien labora en Mantenimiento en dicha la Fábrica señaló que el dueño de la misma se ha pasado de la raya, “se han hecho varios intentos por hacer un sindicato en esa empresa y rápido se daba cuenta y rompía todo el movimiento, ahora que vamos bien avanzados en el sindicato está desesperado”.

El que juega con juego se quema, por eso está tirando manotadas de ahogado, se ha formado la meta de no permitir a cualquier costo que no se forme un sindicato en la empresa. Somos unos 160 a 170 empleados, él ya no puede detenerlo, aunque haga a firmar a nadie ya vamos avanzado, añadió.

Por su parte Juan Barahona, presidente Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras,FUTH, organización que está acompañando el proceso de sindicalización ante la Secretaría de Trabajo, expresó que “3ste señor Jorge Abudoj Fixione tiene instinto de animal, así trata a los trabajadores”.

Informó que el 24 de marzo de este año fue presentada una solicitud de inscripción del sindicato y ese mismo día la Secretaría de Trabajo notificó la protección para los empleados haciéndoselo saber al propio Abudoj Fixione.

Denunció que el obligar a que los empleados firmen renunciando al sindicato es para presentar una oposición a la inscripción de éste ante la Secretaría de Trabajo, pero hizo un llamado a los y las trabajadoras para que se mantengan y no se dejen amedrentar porque falta poco para lograr el objetivo, al tiempo que exigió a Trabajo que acelere la personería jurídica del sindicato.

Con respecto a las anomalías cometidas por el empresario, Barahona dijo que se puede presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como una evidencia que los empresarios hondureños no respetan las leyes.

Desde el golpe de Estado ejecutado el 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales por grupos políticos, económico, las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos, los grupos de poder en los cuales se encuentran empresarios violadores de los derechos de sus trabajadores, han rebasado su conducta abusiva, pues han quedado con sus manos libres después de que echaron por tierra la institucionalidad del país.

El 24 de diciembre de 2008 el mandatario Zelaya aprobó el aumento al salario mínimo de unos tres mil 200 lempiras a cinco mil 500, además el quitar otros privilegios a los que estaban acostumbrados los emnpresarios del país, provocó serias reacciones de la empresa privada hondureña al extremo de propinar el golpe de Estado. Dicho salario aún no es cumplido por el sector empresarial reaccionario en detrimento de miles de trabajadores y trabajadoras.

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Derivaciones de Reina a Zelaya, de Zelaya a los zelayistas, y de los zelayistas a la verdadera forma

Martes, 30 de Marzo de 2010
POR: SAMUEL TRIGUEROS
Acerca de la conveniencia de preguntarle al Presidente Zelaya cómo ve el nombramiento de Jorge Arturo Reina, me pregunto: ¿Por qué necesariamente todo tiene que pasar por el voto, veto, opinión, bendición o aprobación del ex presidente Manuel Zelaya Rosales? Creo que, por supuesto, lo que él pueda opinar sobre cada circunstancia de nuestro proceso cuenta mucho y será bueno saberlo, pero en igualdad de valía que la opinión del resto de resistentes que hemos puesto alma y pecho por la patria. En la Resistencia hay suficientes cabezas de hombres y mujeres capaces de interpretar lo que significa el nombramiento de Jorge Arturo Reina como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas.
Deslindando ese análisis -que en este espacio ya se viene haciendo y que la conducción del FNRP también hace, a la luz de la sabiduría popular y científica de la lucha de clases- por momentos parece que cobra fuerza la ola de recalcitrantes zelayistas que insisten en ver la lucha popular únicamente desde la óptica partidista; quizá con la intención de capitalizar, en algún futuro probable, su militancia liberal de la manera a la que muchos y muchas están acostumbrados: haciendo honores al clientelismo o chamberismo político. Quizá duela y cause roncha y rasquiña que lo diga, pero es un secreto a voces.
Que no se malentienda pensando que la idea es descalificar al ex presidente Zelaya como actor de esta lucha, pero (insistamos una vez más) la lucha del pueblo hondureño rebasa a la figura de Mel y las decisiones sobre el camino a seguir son una construcción colectiva y orgánica que está en manos del pueblo en Resistencia y no exclusivamente de los liberales en resistencia, marvinponcistas,hamonistas zelayistas, etc. Siendo objetivos, no se puede negar la existencia y aporte a la lucha de muchos y muchas cuya motivación principal es la adhesión irrestricta a la figura de Mel Zelaya, pero deben ellos y ellas saber que esta vez el pueblo no va a entregar el fruto de su lucha nuevamente en manos de los liberales o nacionalistas. Sea cual sea la vía para tomar el poder y la participación que en ello tengan los zelayistas y demás fuerzas reunidas en el FNRP, esta vez el pueblo quiere gobernarse a sí mismo de modo distinto a como lo han hecho ambos partidos a lo largo de la historia hondureña, desde una perspectiva socialista, revolucionaria, tan extraña al comportamiento del bipartidismo y caudillismo a que aparentemente nos tenían acostumbrados.
Hay quienes niegan la posibilidad, pero tal vez nuestro ex presidente sea capaz de profundizar su toma de conciencia y alcance, desde un antecedente reformista, la estatura del verdadero revolucionario que requiere y que seguramente tendrá el líder escogido por la Resistencia para el momento en que el poder sea tomado. Mientras tanto, los zelayistas deberían considerar la posibilidad de no insistir en imponer (como un absoluto determinista) a nuestro querido ex presidente como el líder ineluctable de la Resistencia. Eso está por verse y todavía quedan fases del proceso que deben ser "quemadas" para descifrar que van a hacer Manuel Zelaya, los zelayistas y el partido liberal con la ruta fulgurante que ya tiene trazada la Resistencia. Más allá de la presunción relativa de que entre Mel y la Resistencia existe una vinculación directa y coherente, preguntémonos, por ejemplo: ¿Si Mel retornara mañana a Honduras, trataría de recomponer al partido liberal?, si la Resistencia decidiera que la persona en quien desea depositar su liderazgo no es Manuel Zelaya, ¿permanecerían los zelayistas de manera disciplinada en el seno del FNRP? Este par de sencillas preguntas y su ulterior respuesta nos dan la pauta de los hechos que habrá que esperar que acontezcan antes de lanzarnos de cabeza en los brazos del páter que pretenden los zelayistas.
Obvio es que no soy zelayista, pero debo aclarar que soy el primero en apoyar a Mel en lo que decida el FNRP, que abogué por la cuarta urna, que le guardo un enorme respeto y admiración, pero que no puedo ir contra la convicción de que nuestra lucha supera con creces las intenciones de algunos y algunas que calculan sus acciones y palabras desde intereses personales o partidarios.
Estoy casi seguro que así lo entiende el compañero Manuel Zelaya Rosales. No parece así de parte de muchos y muchas de sus seguidores. Tarea tiene, entonces, nuestro ex presidente para orientarles en la correcta manera de militar en el FNRP.

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voselsoberano.com

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Honduras: Diálogo bajo amenaza de desalojo

Martes, 30 de Marzo de 2010
El pasado 24 de marzo, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) recibió una propuesta del gobierno para solucionar el grave conflicto agrario en el Bajo Aguán, en el departamento norteño del Atlántico hondureño. Un conflicto originado por la usurpación de miles de hectáreas de tierra sembradas de Palma Africana, situación que el golpe de Estado profundizó. El proceso de recuperación de las tierras por parte del MUCA ha desencadenado la violencia de los cuerpos represivos del Estado y una campaña mediática para desprestigiar al movimiento campesino.

Después de los violentos intentos de desalojo por parte del ejército y la policía en enero y febrero de 2010, que ha dejado un saldo de varios heridos y un sinnúmero de demandas y órdenes de capturas contra los campesinos organizados, el MUCA ha aceptado sentarse con el gobierno para buscar una solución definitiva al conflicto.

Sin embargo, las propuestas del gobierno y del Instituto Nacional Agrario (INA) no parecen estar encaminadas a reconocer los derechos de los campesinos sobre esas tierras, que son para uso exclusivo de Reforma Agraria, ni a retomar el hilo de las negociaciones iniciadas con el gobierno de Manuel Zelaya que fueron brutalmente interrumpidas por el golpe de Estado.

Según Rudy Hernández, miembro del MUCA, “El gobierno pretende una respuesta inmediata a la propuesta, no obstante nosotros necesitamos por lo menos 15 días para estudiarla y consultarla con nuestras bases, ya que hemos detectado varios elementos que no son muy claros”.

El texto de la propuesta no menciona, por ejemplo, el Acta Convenio firmada entre las partes pocos días antes del golpe de Estado, para conformar una comisión tripartida que revise el procedimiento legal que se utilizó para la adquisición de la tierra por los terratenientes Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reynaldo Canales.

Tampoco se explica la ubicación exacta de las tierras –aproximadamente 2 hectáreas por cada familia beneficiaria– que el Estado adquiriría para entregarselas a los miembros del MUCA y que son propiedad de la Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA, empresa controlada por Miguel Facussé, una de las partes en conflicto.

Si eso fuera poco, en la propuesta del gobierno se pretende que los beneficiarios del MUCA firmen un convenio de co-inversión con las plantas procesadoras propiedad de Miguel Facussé y René Morales -Sociedad Agrícola Cressida del Aguán SA y Empresa Agropalma SA-, obligándolos a venderles la producción.

Además, los miembros del MUCA deberán asumir la deuda con el Estado en la compra de la tierra. Paradojicamente, el gobierno de Porfirio Lobo no solo estaría reconociendo el derecho de propiedad de estos terratenientes sobre miles de hectáreas de tierra, echando al traste los avances logrados antes del 28 de junio de 2009, sino que hasta los beneficiaría con la compra de miles de hectáreas de tierra y les levantaría el negocio obligando a los campesinos venderles la producción de semillas de Palma Africana.

“A lo largo de la negociación pedimos que se retomara el Acta Convenio firmada con el presidente Zelaya, pero el gobierno hizo caso omiso a nuestra demanda y ahora nos encontramos con esta propuesta que nos deja con muchas dudas”, dijo Hernández a Sirel.

Diálogo bajo amenaza no es diálogo

Pese al inicio del proceso de diálogo, la violencia y la campaña mediática contra los miembros del MUCA no ha cesado.

El 1 de marzo, el diario La Prensa, de propiedad del empresario Jorge Canahuati, publicó un extenso reportaje, supuestamente basado en un informe de la inteligencia militar, en el que se acusa al MUCA de estar organizando un frente guerrillero en las fincas recuperadas.

A partir de esa fecha y pese a la tregua acordada con el Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, la policía y el ejército han desplegado decenas de efectivos en la zona del Bajo Aguán, en un claro intento de mantener la presión y generar temor.

El 14 de marzo, fue brutalmente asesinado el periodista de Canal 5 de Tocoa, Colón, Nahun Palacios quien había denunciado la violencia desatada contra los miembros del MUCA.

Ante esta ola de violencia y persecución, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras denunció la constante amenaza de desalojo de la que son víctimas centenares de familias que están en proceso de recuperación de tierra en la zona del Bajo Aguán.

Rechazamos esta campaña mediática y esta estrategia del terror contra nuestro movimiento. No les tenemos miedo, porque sabemos que estamos en lo correcto luchando por un derecho que todos los seres humanos tienen: el acceso a la tierra

Alertó también sobre “las precarias condiciones en que viven miles de mujeres, niños, niñas, jóvenes, personas discapacitadas y hombres que necesitan cuanto antes, la dotación de agua, alimentos, medicinas, tiendas de campaña y otros insumos, ya que actualmente pernoctan a la intemperie en las numerosas fincas de Palma Africana”.

Asimismo, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) denunció que “continúa el clima de zozobra implantado por la oligarquía terrateniente y el régimen de facto a través de los aparatos de seguridad del Estado que colaboran activamente con grupos paramilitares, amenazando constantemente la vida de las familias campesinas que exigen su derecho a trabajar la tierra”.

“Las amenazas no han parado y hasta el mismo presidente Porfirio Lobo nos ha dicho que si es necesario, no lo va a pensar dos veces en movilizar todos los batallones de Honduras hacia el Bajo Aguán para disolvernos –dijo Rudy Hernández a Sirel–.

Es por eso –concluyó Hernández– que pedimos la solidaridad a nivel nacional e internacional con nuestra lucha, para el mundo sepa qué es lo que está pasando de verdad en Honduras”.

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http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/dialogo_bajo_amenaza_de_desalojo.htm

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Según economista Martín Barahona: millonarias cantidades deja de percibir el país en exoneraciones a las comidas rápidas (+ Audio)

Martes, 30 de Marzo de 2010
El ex presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), Martín Barahona analiza la reforma tributaria aprobada en el Congreso Nacional la madrugada del pasado domingo, y concluye que los más afectados con esta medida serán los pobres y no la clase privilegiada como a nivel mediático se está haciendo creer a la población.

Barahona considera que, si las verdaderas intenciones del gobierno eran promover que la clase privilegiada y pudiente pagará más impuestos, “se hubieran eliminando las exoneraciones a las comidas rápidas”. Calcula que el Estado percibiría de 5 a 10 mil millones de lempiras si recaudará impuestos en estos comercios.

Añade que, en el caso de los impuestos sobre renta de viviendas, aunque los nuevos gravámenes se apliquen directamente sobre el propietario, estos terminarán afectando indirectamente a los inquilinos, ya que los arrendatarios optarían por transferir la carga monetaria a sus clientes, y de igual manera ocurrirá con los demás impuestos contemplados en el paquete de medidas fiscales recientemente aprobado.

Voz Popular

Se consulto a la población de esta ciudad la siguiente interrogante: ¿Cómo cree que le afectarán las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Congreso Nacional?

Los entrevistados consensuaron que los más afectados con la medida tributaria serán los desfavorecidos económicamente y no la clase pudiente. Sin embargo nadie respondió sobre la forma en que serán perjudicados financieramente, a que productos y servicios se les aumentará el impuesto. Lo anterior es un reflejo de la nula socialización que el proyecto de ley tuvo antes de ser aprobado.

Martín Barahona

Voz Popular


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Comunicador sale del país por persecución de delincuentes

Martes, 30 de Marzo de 2010
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE.- Luego que le atravesaran un vehículo a su paso y que dos delincuentes ingresaran y dispararan al interior de su habitación, el corresponsal de Radio América y colaborador de Diario Tiempo, José Alemán, debió de salir del país la noche del domingo.

El comunicador, quien presentó su declaración ante las autoridades policiales y de derechos humanos de la zona, aseveró que el único delito que cometió fue decir cómo ocurrieron los hechos durante un enfrentamiento entre policías y supuestos asaltantes. En esa acción que divulgó en horas de la mañana del domingo perdió la vida uno de los malhechores.

“Haría unos 20 segundos después de que pasé esa noticia por la radio, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar sólo escuché que me dijeron: seguí informando hijo de p… y cortaron la llamada”, recordó.

En su relato, Alemán dijo que ese día a eso de las 8:30 de la mañana lo llamaron y le dijeron que lo andaban buscando. “Pregunté quién me busca. Me dijo: te quiero preguntar que si estás en tu cuarto. Le dije: no estoy allí”.

Poco después iba en su bicicleta cuando se encontró con los delincuentes, quienes le atravesaron un vehículo doble cabina, color azul. Rápidamente dio la vuelta y huyó por una calle estrecha del barrio San Sebastián.

Además, testigos le informaron que ese mismo día dos hombres armados llegaron a su cuarto, entraron violentamente e hicieron varios disparos, pero al ver que no estaba salieron. Luego comentaron: “Vamos a buscar a ese hijo de p…”. El otro contestó: “Allá era el chance de agarrar a ese perro”.

Después de la persecución, el corresponsal buscó refugio en la Policía Nacional, donde estuvo hasta las 7:45 de la noche del domingo. Sin embargo, las autoridades se declararon incapaces de brindarle seguridad, por lo que debió salir del país.

A través de un documento, José Alemán hizo un llamado a la Asociación de Prensa Hondureña para buscar una solución a este tipo de irregularidades contra la libertad de prensa.

Lamentó que en este tiempo sea un delito ser comunicador social y decir la verdad. “Su servidor trabaja como corresponsal de Radio América desde hace ya varios años y me he desempeñando como corresponsal de diario La Tribuna y colaborador de Diario Tiempo”, expresó en el comunicado.

MUERTES DE COMUNICADORES

Joseph Hernández (26) -Lunes 01 de marzo
David Enrique Meza (51) -Miércoles 10 de marzo
Nahum Palacios Arteaga (36) -lunes 15 de marzo
José Bayardo Mairena (52) -viernes 27 de marzo
Manuel de Jesús Juárez (55) -viernes 27 de marzo

ATENTADOS
Carol Cabrera -Lunes 01 de marzo
José Alemán -Domingo 28 de marzo

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tiempo.hn

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Ola de asesinatos de periodistas en Honduras no genera presión contra ese gobierno, afirma líder de DDHH

Martes, 30 de Marzo de 2010
“El asesinato de periodistas en Honduras es un desafío del gobierno hondureño al sistema internacional de derechos humanos”, denunció Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, quien se quejó de la escasa acción de la comunicad internacional contra el gobierno impuesto por el régimen golpista.

Bertha Oliva denunció la muerte de Nahún Palacios, quien fue asesinado a las 11 de la noche del 14 de marzo. Los criminales le asestaron unos 28 balazos de AK-47, antes de llegar su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, en el departamento de Colón, cuando se conducía en un vehículo junto a otra persona la que fue gravemente herida. Él era el director de la televisora del Aguán, Canal 5.

Otros dos asesinatos se registraron el pasado viernes cuando los periodistas José Bayardo Mairena, de 52 años y Manuel Juárez, de 55, recibieron varios disparos mientras viajaban en su vehículo por una carretera del departamento de Olancho, este del país.

Mairena, de Radio Excélsior, donde conducía el programa “Así es Olancho”, falleció en el acto, mientras que Juárez, asistente del anterior, fue trasladado a un hospital de la zona, donde luego pereció,

En el 2009 se registraron los crímenes de otros tres periodistas, Bernardo Rivera Paz, secuestrado en marzo y sus restos hallados el 9 de julio; Santiago Rafael Munguía (31 de marzo) y Gabriel Fino Noriega (3 de julio), “sin que hasta la fecha se haya identificado, procesado o acusado a ningún responsable”.

EL CASO NAHÚN PALACIOS


Oliva explicó cuál fue el delito de estos periodistas, en particular de Nahún Palacios: el simple hecho de informar con veracidad. Contó que militares y paramilitares atacaron la comunidad de La Tascoza en Trujillo, buscando “guerrilleros” y detuvieron a 18 personas, a quienes se llevaron con destino desconocido. Palacios, que entrevistó brevemente a los presuntos sediciosos comentó en la audición dedicada al asunto:

“Aquí, esta gente no tiene cara de terroristas, son gente humilde, campesinos pobres”.

Contradecía lo asegurado falsamente y publicado días atrás por el diario La Prensa, que intentaba involucrar a los dirigentes del MUCA con hechos delictivos. Se trata -a ojos vista- de una evidentemente campaña para “ablandar” sus posiciones, frente al nuevo encuentro previsto con el gobierno para el 23 de marzo.

El régimen espurio de Porfirio Lobo continúa facilitándole la apropiación (de tierras entregadas por Zelaya) al clan Facussé -uno de los riquísimos dueños de Honduras- mediante la violenta expulsión de sus asignatarios y el asesinato de los testigos “no gratos”.

Es decir de los periodistas independientes que aun quedan. Oliva señaló que con esta situación COFADEH activa nuevamente en forma emergente su sistema de alerta internacional, pues hay más comunicadores amenazados por su ejercicio periodístico, en detrimento de la libertad de Expresión e Información, contemplados en tratados y convenios internacionales y la Constitución de Honduras.

Palacios, es uno de los periodista que el 24 de julio del año pasado fue hostigado fuertemente por los cuerpos represivos al difundir información sobre las protestas populares contra el golpe de Estado, producto de lo cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había otorgado medidas cautelares.

En los últimos días el periodista asesinado transmitía mucha información sobre el conflicto en el Bajo Aguán, donde unas tres mil familias están siendo víctimas de hostigamiento por parte de terratenientes poderosos, entre ellos Miguel Facussé Barjum, que quieren quedarse con las mismas y han levantado una fuerte campaña en medios de comunicación afines, para tratar de deslegitimar la lucha por la tierra.

Desde julio de 2009 COFADEH solicitó medidas cautelares a favor de periodista. El 10 de julio de 2009 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicitó ante la CIDH medidas cautelares para varios periodistas que estaban sufriendo represión por el régimen de Roberto Micheletti, entre ellos Palacios.

El día 28 de junio de 2009, elementos de la Base Naval de Puerto Castilla, al mando de tres coroneles se apersonaron a la Televisora del Aguán, Canal 5, en donde amenazaron al periodista Nahúm Palacios, y le decomisaron el equipo del estudio.

El operativo fue comandado por el Capitán Tercero, quien ordenó la detención de cuatro miembros del personal que laboran en los programas Tele-Cinco que se trasmite a las 6 de la tarde y del Meridiano Informativo que se transmite a las 12:00 m. Johny Nahín Palacios, Dariel Hernández, Ángel Nolasco y Elmer.

Posteriormente, el 29 de junio, a las 6:40 a.m., este mismo comando del ejército al mando del Comandante de la Base Naval, de apellido Tercero allanó su vivienda, y le sentenció que solo debía pasar cosas del nuevo gobierno. Durante el mismo maltrató físicamente a cuatro de los hijos del periodista obligándoles a ver el sol.

El periodista Palacios fue detenido, acusado de llamar al desorden y a la insurrección, permaneciendo en la posta policial durante una hora, fue liberado por la intervención de la juez Suyapa Baca que nombró un defensor público. Durante la detención, el Capitán Tercero lo maltrataba verbalmente y le decía que no tenía derechos constitucionales.

Este mismo día allanaron la casa de la propietaria del canal, Elia Suyapa Trejo, quien fue agredida. En el oficio MC 196/09, la CIDHle solicitó al Estado hondureño salvaguardar la vida e integridad de Palacios por la situación de riesgo en que se encontraba, a la vez que solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 29 de julio de 2009.

Aunque la vida de Palacios siempre estuvo en riesgo el Estado hondureño nunca implementó las medidas cautelares. Al ser consultado por el COFADEH, Fernando Griffin, delegado de la Secretaría de Seguridad, para llevar a cabo esta tarea, manifestó que no ha sido posible porque aún espera instrucciones de las altas autoridades de esta dependencia. Tres periodistas fueron asesinados en menos de un mes.

(Tomado de Prensa Indígena/ Cambio)

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Con marcha Frente de Resistencia en Tocoa recordó 9 meses desde el golpe de Estado (+ Audio)

Lunes, 29 de Marzo de 2010
Sonaguera, Colón. Decenas de ciudadanos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) marcharon la mañana de ayer por las principales calles de esta ciudad como lo acostumbran los días 28 de cada mes en protesta desde que se ejecutó el golpe de Estado.

La Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán COPA, Esly Banegas confirma que la manifestación popular es una muestra de lo “viva” que está la Resistencia y de su rechazo a las injusticias, además la denuncia ante la violencia selectiva contra aquellos que luchan por las transformaciones en el país.

Ante los contantes asesinatos a personas ligadas al FRNP, Banegas considera que “la represión que ahora se ha hecho a nivel selectivo es una táctica para intimidar al pueblo, para detener el proceso de organización que el pueblo ha impulsado desde que abrió los ojos aquel 28 de junio” dijo.

Añadió que “casi cada 2 días están asesinando a nuestros compañeros, no se sabe mañana, quién de nosotros caerá, pero aún así el pueblo sigue resistiendo y sigue dispuesto a dar la lucha por la constituyente”.

Los manifestantes concluyeron la protesta con actos culturales, entre ellos un acto de danza típica.



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Muere doctora herida en crimen de periodista Nahún Palacios

Lunes, 29 de Marzo de 2010
SAN PEDRO SULA - La doctora Yorleny Yadira Sánchez Rivas, de 33 años, quien resultó herida cuando sicarios acribillaron al periodista Nahún Palacios en Tocoa el pasado 14 de marzo, murió ayer en un centro asistencial privado de esta ciudad, luego de que fuera ingresada porque estaba convulsionando.

Sánchez Rivas, quien laboraba en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Tocoa, murió ayer a las 12:00 del mediodía y las autoridades de la fiscalía, Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y el forense hicieron el reconocimiento del cadáver media hora después.

Según el reporte, Yorleny Yadira, resultó herida de bala el pasado 14 de marzo cuando sicarios atacaron el vehículo en que se conducía con el periodista Nahún Palacios. El atentado ocurrió cuando Palacios regresaba a su casa en el barrio Los Pinos en un vehículo que terminó con más de cuarenta perforaciones.

Palacios quedó muerto dentro del carro, mientras que la doctora Sánchez Rivas fue trasladada al Seguro Social de San Pedro sula donde le practicaron una cirugía, pues resultó con herida de bala en su cuerpo.

Días después de la intervención quirúrgica y tras presentar una mejoría fue dada de alta del Seguro Social, pero estaba yendo a terapias, según dijeron familiares a las autoridades.

Ayer a las 10:30 de la mañana los familiares de la doctora tuvieron que llevarla de emergencia a un hospital privado, pues estaba convulsionando, pero después de hora y media murió en el lugar.

El forense en la información preliminar no determinó la causa de muerte de la doctora Yorleny Yadira Sánchez Rivas, la cual se sabrá con los resultados de la autopsia.

Lea también:
*Con asesinatos régimen desafía sistema internacional de derechos humanos
*Acribillan a periodista en Tocoa, Colón

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Hondureños condenados a pagar más impuestos

Lunes, 29 de Marzo de 2010
TEGUCIGALPA - El paquete de medidas fiscales aprobado por el Congreso Nacional, ayer en una maratónica jornada, permitirá al Estado recaudar unos 7,616 millones de lempiras generados por nuevos impuestos.
Al proyecto denominado Ley de Fortalecimiento de los Ingresos y Equidad Social se le dispensaron dos debates y fue discutido en uno solo desde las 8:00 de la mañana hasta a eso de las seis de la tarde de ayer en un ambiente donde participaron diputados de todas las bancadas, incluso de los liberales y u deístas, quienes en un principio mostraron su rechazo a las medidas.

El denominado “paquetazo” incluye nuevos tributos para diversas actividades económicas, comerciales y servicios de energía eléctrica, transporte aéreo, telecomunicaciones y educativos, entre otros.

Para el caso, el decreto establece un impuesto anual específico de renta del 10 por ciento a los alquileres de casas y edificios con un monto global arriba de 15,000 lempiras. Por ese concepto, se estima una recaudación de 295 millones de lempiras.

Además, el dictamen dejó en firme un impuesto anual de 25,000 lempiras --como lo señalaba el proyecto-- a los propietarios, arrendatarios, administrador y operador sobre la posesión, tenencia o uso de cada máquina tragamonedas y otro tipo de máquinas electrónicas accionadas por monedas.

Se reforma la Ley de Equidad Tributaria en el sentido de desgravar anualmente la tasa del 10 por ciento de la Aportación Solidaria Temporal desde el 2010 al 2015 que generará al fisco unos 1,200 millones de lempiras.

El decreto, de 89 artículos, grava con un diez por ciento del Impuesto Sobre la Renta los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas por conducto de las organizaciones que las operen, el cual generará unos 5 millones de lempiras anuales.

Abonados residenciales
Pagarán el Impuesto Sobre Ventas del doce por ciento todos los abonados residenciales que tengan un consumo de energía eléctrica mensual mayor de 750 kilovatios hora, por la prestación del servicio público y privado, con lo que el Estado recibirá unos 16.8 millones de lempiras más.

Otra de las novedades es conceder una amnistía tributaria para los contribuyentes que están morosos con el Estado al 31 de marzo del 2010 a fin de poder cancelar el respectivo impuesto o tasas, libres de multas, recargos e intereses hasta el 30 de septiembre del 2010.

Asimismo, se introdujeron modificaciones al dictamen, uno de ellos se refiere a que ningún funcionario podrá ganar un salario mensual de 100,000 lempiras, pero se tomará en cuenta el deslizamiento de la moneda.

La propuesta determina a su vez impuestos selectivos al consumo, en ese sentido, un diez por ciento para los vehículos con un valor arriba de los treinta mil dólares y superior a los 60,000 dólares, el tributo a cancelar será del 40 por ciento.

En la importación de vehículos usados deberá adicionarse al final por una sola vez una Ecotasa de cinco mil lempiras, la que se pagará en el momento de liquidación.

Después del paquete de medidas se aprobó también el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación del 2010 de casi 122,000 millones de lempiras y la Ley de Emergencia Tributaria, con la que los diputados cerraron una maratónica jornada que inició la noche del viernes y con sus respectivos intervalos, concluyó ayer en horas de la noche en un ambiente si se quiere cordial, pero no exento de diferencias de criterios.

Los diputados del Congreso Nacional concluyeron su jornada con la aprobación de tres leyes que de una u otra manera afectarán a todos los sectores de la sociedad. El paquete de medidas incluye impuestos de casi 6 centavos de lempira por minuto de llamadas internacionales.

Cifras
-L.16.8 millones recibirá el Estado por impuesto a la energía.
-L.100,000 es el techo salarial de los funcionarios públicos.
-L.25,000 anuales deben pagar las máquinas tragamonedas.

OSCAR HERNANDEZ
Foto: TIEMPO/ Wilmer Romero

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En el diario El País buscas la palabra “Honduras” y salen las “Damas de blanco”

Lunes, 29 de Marzo de 2010
Lo más curioso ocurre si buscamos información relativa a “Honduras”, país en el que hay un régimen producto de un golpe de Estado y donde diariamente se asesina a opositores. El País nos ofrece la siguiente información, de los escasos 833 resultados encontrados: “Convaleciente OEA” , “Miles de personas marchan en Miami por las Damas de Blanco” , “¿Qué representa la reelección de Insulza al frente de la OEA?” y “Daniel Ortega intenta desmantelar la democracia”.

Aprovechan nuevamente para colarnos información tendenciosa contra Cuba y Nicaragua.

Estos días Cuba y Venezuela acaparan las portadas de los periódicos. Si los medios estuviesen sinceramente preocupados por los derechos humanos, el estado de derecho o la democracia, en primer lugar se preocuparían, en el caso de El País o Público, por informar preferentemente de su propio país en donde hay un gran déficit democrático y abundan las violaciones de derechos humanos. Posteriormente, la información del resto de Estados debería ser proporcional a la gravedad y número de violaciones de los derechos y libertades de sus ciudadanos y a la participación de los pueblos en las decisiones gubernamentales.

Nadie, repito nadie, puede pretender que en Colombia u Honduras se respetan más los derechos humanos que en Cuba o Venezuela. Los asesinatos de opositores, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos son diarios en aquellos países. Dos Estados que están en el mismo entorno regional que Cuba o Venezuela.

El País es un diario español (hasta ahora) tenido por progresista. Sus responsables venden la independencia de sus informaciones. Para comprobar si son objetivos o tendenciosos en su información internacional cabe hacer una prueba sencilla: la del buscador. Vamos a comparar sus titulares sobre los cuatro países citados.

El domingo 28 de marzo de 2010, si acudimos a la portada del diario El País y buscamos “Cuba”, aparecen “1.438 resultados encontrados”, las tres primeras noticias son “Silvio Rodríguez reclama cambios en Cuba”, “Silvio Rodríguez reclama cambios en Cuba y una “revisión de montones de cosas”, “Obama pide el fin de la represión en Cuba” .

Si buscamos “Venezuela” aparecen “1.336 resultados”, y los primeros titulares que encontramos son “Human Rights Watch critica las detenciones en Venezuela”, “Detenido en Venezuela el presidente de Globovisión por criticar al Gobierno” y “Convaleciente OEA”.

Lo más curioso ocurre si buscamos información relativa a “Honduras”, país en el que hay un régimen producto de un golpe de Estado y donde diariamente se asesina a opositores (y este sábado asesinaron a dos periodistas). El País nos ofrece la siguiente información, de los escasos 833 resultados encontrados: “Convaleciente OEA” , “Miles de personas marchan en Miami por las Damas de Blanco” , “¿Qué representa la reelección de Insulza al frente de la OEA?” y “Daniel Ortega intenta desmantelar la democracia”. No es que no ofrezcan noticias sobre los derechos humanos o la democracia en Honduras, a pesar de la penosa situación de ese país, sino que aprovechan nuevamente para colarnos información tendenciosa contra Cuba y Nicaragua.

Sobre “Colombia” aparecen también menos resultados que sobre Cuba o Venezuela: (1.306 resultados encontrados), ofreciéndonos como noticias más relevantes sobre este país las siguientes: “Una estrella de la televisión latina en EE.UU. promociona el Camino”, “Convaleciente OEA”, “Los Legionarios reniegan de su fundador”, “Ratzinger calló ante las denuncias contra el abusador de 200 niños”, “Un coche bomba mata a seis personas en Colombia”, “El presidente pide al Ejército la captura del jefe de las FARC”…

Tenemos que seguir buscando noticias sobre Colombia (entre las que hay numerosas de carácter negativo o insidioso referidas a Venezuela) hasta el resultado 122 para encontrar una información referente a las violaciones de derechos humanos por parte del ejército o los paramilitares colombianos. Estas noticias, ocultas ya de por sí, cuentan, además, con titulares dóciles y sumisos con el Gobierno de Uribe.

Por supuesto, no merece la pena (por previsible) repetir la experiencia referida a otros gobierno genocidas como el israelí, u otras monarquías vecinas como la marroquí. Los resultados obtenidos son de El País, pero con toda probabilidad son “mejores” que casi todos sus competidores.

El ataque a los procesos revolucionarlos de Cuba y Venezuela se hace en nombre de la democracia y la libertad. Flaca defensa se hace de la libertad cuando los ciudadanos no reciben información veraz ni completa. Tampoco parece posible la libertad sin justicia y en la información, como en el resto de nuestras actividades sociales, también se debe ser justo. La información de los grandes medios de comunicación referida sobre Cuba o Venezuela es esencialmente injusta, como hemos comprobado.

Sobre la preocupación de la democracia, lo paradójico es que no podemos encontrar una institución tan falta de democracia como los medios de comunicación privados. Como en todas las empresas en el capitalismo, son auténticas dictaduras donde la línea editorial la marca exclusivamente el dueño, bajo pena de quedarte sin trabajo.

No debemos caer en la trampa, ni los militantes de izquierdas ni aquellas personas que tengan un mínimo sentido de justicia. Nuestra capacidad de denuncia y lucha es nuestro capital, no la malgastemos siguiendo dictados de la derecha.

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Alexander abandona su casa por atentado

Domingo, 28 de Marzo de 2010
Tegucigalpa.- Alexander Antonio Herrera, quien el 23 de marzo de 2010 fue objeto de un atentado criminal cuando se encontraba en el porche de su casa; el 25 de marzo recibió la visita de una persona que llegó a su negocio, una pulpería, a comprar helados, en la plática le manifestó que escuchó el comentario que en estos días le quemarían su casa con las personas que se encontraran dentro.

Desde ese momento se comunicó con amigos y miembros del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el día de ayer abandonó su casa, se ha trasladado con su familia a una colonia en donde amigos y parientes le han facilitado alguna comodidad para protegerse de quienes le persiguen, confiesa que si fuera pecado participar en los actos de resistencia contra el golpe de estado, lo está pagando.

El traslado de colonia o barrio ha desprogramado su vida, ellos viven de los ingresos que le genera la pulpería y los trabajos independientes que realiza como electricista; está pensando en sacar el traslado de sus hijos hacia otro Escuela, aunque siente el temor que en la Escuela, en donde le maltratan los hijos por ser de la resistencia, pueden brindar información a quienes le persiguen.

Lea también: Intento de asesinato a miembro de la Resistencia


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Policía y ejército preparan desalojo de campesinos para las próximas horas en el Bajo Aguán

Domingo, 28 de Marzo de 2010
Desde ya se maneja información por parte de fuentes de entero crédito, que elementos del XI, XIV batallón de infantería, y la base naval de Puerto Castilla, se encuentran concentrados en las fábricas del empresario Miguel Facussé Barjum, en Tocoa, Colón, con el propósito de reprimir en las primeras horas de la mañana a los campesinos que se encuentran acampados en las plantaciones de palma africana situados en dicha región.

El empresario Miguel Facussé ha concentrado a efectivos de las bases militares y policiales situadas en el departamento de Colón, con la intención de reprimir a los grupos campesinos que se encuentran en las fincas de palma africana en las últimas horas de hoy domingo, y la madrugada de mañana lunes, así lo revelaron hace algunos minutos fuentes confidenciales, que por motivos de seguridad, obviamos sus nombres.

La cacería emprendida por los latifundistas Miguel Facussé, René Morales Carazo y Reinaldo Canales contra los miembros del Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA) se viene aplicando de manera sistemática desde enero anterior, cuando policías, militares y el ejército sin decir palabra alguna, reprimió y torturó a los miembros de las cooperativas campesinas, con la venia del dictador Micheletti y del silencio cómplice del cardenal Oscar Rodríguez, autor intelectual del golpe de Estado Militar de junio de 2009.

Por otro lado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Andrés Pavón, ha denunciado que policías preventivos los han sacado de sus regiones bajo engaño, y que en este momento están encerrados en Tocoa, sin probar alimentos, para que al salir agredan con brutalidad a los campesinos, quienes desde ya responsabilizan a Facussé y a la cúpula policial de cualquier acto de agresión contra ellos.

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Siguen

Domingo, 28 de Marzo de 2010
POR: SANTIAGO O’DONNELL
Siguen llegando noticias escalofriantes desde Honduras. Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que existe una acción coordinada de fuerzas represivas para secuestrar, violar, torturar y asesinar a los hijos e hijas de militantes del Frente para la Resistencia. Ahora nos enteramos del asesinato de tres periodistas en la primera quincena de marzo. Y cómo los mataron.

El viernes se sumaron dos nuevas muertes. Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez aparecieron baleados dentro de un auto cuando regresaban a la ciudad de Julticalpa, en el departamento de Olancho. Venían de la ciudad vecina de Catacamas de transmitir un programa de radio.

Según denuncia un grupo de organizaciones de derechos humanos europeas, casi treinta balazos de AK-47 contra Nahúm Palacios, más de cuarenta tiros a Joseph Ochoa y, ejecutado “en similares circunstancias que las de Palacios”, David Meza Montecinos.

El caso Nahúm Palacios da una idea del nivel de impunidad de que gozan las fuerzas represivas.

“El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que lo acompañaba fue gravemente herida. Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo capitán tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguán, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio “varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal” y lo “obligaron a cortar la transmisión”. Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán.

La noticia sale de un comunicado de organizaciones humanitarias encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México. No se lee en los grandes diarios, sino que aparece, entre los correos basura, en la casilla de esta columna.

El caso de Ochoa está también lejos de esclarecerse. El blanco del ataque del 5 de marzo aparentemente era la persona que viajaba con él y que resultó gravemente herida, Karol Cabrera, una conductora televisiva que había apoyado el golpe de Estado. Pero la conductora también había sufrido el asesinato de su hija en diciembre y en ese caso, que tampoco se esclareció, los investigadores no encontraron pruebas de una motivación política. Por eso no queda claro si el asesinato de Ochoa está relacionado con la periodista que lo acompañaba, o si está vinculado con los problemas familiares de la periodista, aunque Cabrera culpó a “partidarios de Zelaya”, en referencia al presidente derrocado.

En el mismo día en que sucedió, el caso Ochoa fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. Lamentablemente, el asesinato de Nahúm Palacios no recibió el mismo tratamiento por parte del CPJ, pese a que en el caso de Palacios la relación entre su muerte y su trabajo de periodista es clarísima, mucho más que en el caso de Ochoa.

A esta altura, lo menos que puede decirse de este régimen que gobierna Honduras es que nació en terapia intensiva y sobrevive con pulmotor. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió avalar las elecciones de noviembre pasado, debió saber que hoy gobernarían los sectores que llevaron adelante el golpe y que buscarían continuar con la política estatal de represión abierta y clandestina que tantos resultados les trajo durante la dictadura. Debió saber también que esa política represiva, a la larga o a la corta, genera respuestas.

¿Qué otra cosa puede esperarse de un gobierno elegido bajo estado de sitio y con el presidente legítimo encerrado en una embajada rodeada de milicos? Pero da la impresión de que lo único que le importa a Washington es el compromiso del presidente Porfirio Lobo de retirarse de Petro Caribe y el ALBA, esto es, borrar cualquier vestigio de chavismo en el país, esto es, frenar a cualquier costo la expansión del chavismo en la región, como si fuera una remake de la Guerra Fría y su triste capítulo centroamericano. Por eso presiona a sus clientes centroamericanos para que pidan la readmisión de Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Por eso deja hacer a Lobo y a su secretario de Seguridad de super-mano dura, Oscar Alvarez.

Resultado: el periodista de la Resistencia Nahúm Palacios muere bajo una lluvia de balazos, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar la censura ante un organismo internacional. Tres periodistas acribillados a balazos en menos de un mes.

Podría llamar la atención que ante semejante agresión, para colmo en las narices de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no haya encontrado tiempo para pronunciarse. Sin embargo, el organismo que nuclea a los grandes medios de la región, empezando por los estadounidenses, parece priorizar otras libertades por encima del derecho a no ser asesinado por expresar una opinión. Denuncia regularmente a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, a veces con razón, de atropellos a sus empresas y sus periodistas. La página web de la SIP está llena de información sobre esos países. Pero sólo le dedica dos párrafos a la situación en Honduras en un informe colgado hace doce meses. La mención es para el asesinato del periodista Carlos Salgado, ocurrido un año y medio antes del golpe, por razones aún desconocidas. En ese caso la SIP, tardíamente y sin demasiadas precisiones, decidió “requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen; así como a garantizar la seguridad de los periodistas”. Salgado era un locutor radial, comentarista y humorista que molestaba a muchos políticos, incluyendo a Manuel Zelaya, el entonces presidente que luego sería derrocado por el golpe.

Está muy bien que la SIP lo recuerde, pero su página web nada dice de la feroz censura y represión desatada por el golpe de junio del 2009, empezando con la alevosa toma militar de estaciones de radio y televisión que criticaban a los golpistas, la descarada represión y detención de los periodistas que cubrían las protestas, y la grosera interrupción de señales internacionales en el mismo momento en que el dictador Goriletti usurpaba el poder. Tampoco dice nada sobre la seguidilla de asesinatos que inauguró la presidencia de Lobo.

Tampoco parece importarles demasiado a las organizaciones para la defensa de los periodistas que afloraron en los últimos años en la región, tanto las que reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense como las más independientes.

Y los poderes que apuntalan al gobierno hondureño no hacen nada y los grandes medios no dicen nada mientras mueren en Honduras los hijos e hijas de los militantes de la Resistencia. Y mientras mueren, también, los periodistas que denuncian esas muertes. Y siguen. Y no pasa nada.

sodonnell@pagina12.com.ar

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La 'lista negra' de España impidió a una ex ministra de Micheletti viajar a Cádiz con la Internacional Liberal

Domingo, 28 de Marzo de 2010
MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) - La 'lista negra' de autoridades hondureñas a las que España prohíbe entrar en territorio nacional impidió a una ex ministra del Gobierno de facto de Roberto Micheletti viajar a Cádiz para participar la semana pasada en una reunión interna de la Internacional Liberal, ha informado a Europa Press el secretario general de esta organización, el macedonio Emil Kirjas.

La Internacional Liberal, la federación mundial de partidos liberales, celebró un encuentro el pasado fin de semana en Cádiz con el objetivo principal de estrechar lazos entre las formaciones políticas de esta tendencia en Europa e Iberoamérica y conmemorar el 200 aniversario de la primera reunión en San Fernando (Cádiz) de las Cortes que promulgaron la primera Constitución española, que inspiró a los movimientos liberales de ambos lados del Atlántico.

Los organizadores del encuentro decidieron invitar a la ex ministra de Finanzas del Ejecutivo de Micheletti, Gabriela Núñez(foto), a la reunión de Cádiz y se dirigieron a la Embajada española en Tegucigalpa y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid para preguntar si tendría algún problema para entrar en el país, relató Kirjas.

La diplomacia española les informó de que la 'lista negra' seguía vigente y, que por tanto, Núñez tenía prohibida la entrada en España, una decisión "absurda", según Kirjas, ya que entre el miércoles y el sábado la política hondureña viajó a Bruselas, donde fue recibida por representantes de las instituciones europeas, y a Alemania.

Para paliar la ausencia de Núñez, se desplazó a Cádiz Marcia Villeda, diputada del Partido Liberal de Honduras --al que pertenece tanto Micheletti como el depuesto presidente Manuel Zelaya-- y que ejerció como asesora de comunicación internacional del presidente de facto. Villeda no figura en la 'lista negra' española.

Con su presencia, la Internacional Liberal, que eligió en noviembre pasado a Micheletti como uno de sus vicepresidentes, quería dejar patente su rechazo a la postura que España ha mantenido y mantiene respecto a Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado, reconoció el tesorero de la Internacional, el catalán Josep Soler, quien asegura que "el golpe lo dio previamente Zelaya".

En conversación telefónica desde Honduras, Villeda denunció que el Ejecutivo actual de Porfirio Lobo está sometido a una enorme "presión internacional", que le exige el regreso de Zelaya para reincorporarse a la vida política del país como condición a la plena normalización de sus relaciones con el país centroamericano.

ZELAYA DEBE RESPONDER ANTE LA JUSTICIA

"Zelaya puede entrar en Honduras, pero para responder ante la justicia", sostuvo Villeda, quien pidió "respeto" para las leyes internas de su Estado. Villeda afirmó haber sido una persona muy cercana a Zelaya durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia, pero denunció su "trasformación" hacia una tendencia "comunista y radical dictatorial al estilo de (Hugo) Chávez".

Villeda pidió también a España que "reflexione" sobre la postura que mantiene aún hacia Honduras y rechazó la permanencia de medidas como la existencia de la 'lista negra' que España hizo pública el 16 de septiembre de 2009.

Junto a Gabriela Núñez, tienen prohibido entrar en España José Alfredo Saavedra Paz, presidente del Congreso Nacional; Jorge Alberto Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema de Justicia; José Tomás Arita, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y los ministros del Gobierno de facto Óscar Raúl Matute, Adolfo Lionel Sevilla, Jorge Alberto Rodas Gamero, José Rosario Bonnano Zaldívar, René Cepeda y el fiscal general, Luis Alberto Rubí Aguila.

El embajador de España en Honduras, Ignacio Rupérez, se reincorporó a su plaza en Tegucigalpa el pasado 3 de febrero después de siete meses de ausencia en señal de protesta por el golpe. Poco después el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, visitó el país y se reunió con Lobo. España ha anunciado la reanudación de los programas de cooperación con Honduras, salvo la colaboración militar.

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Alerta ante despido masivo de trabajadores

Domingo, 28 de Marzo de 2010
Tegucigalpa.- Miembros del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), visitaron las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas, Transporte y vivienda; Secretaria dirigida por el Señor Miguel Pastor que fue nombrado por el actual gobierno como Secretario de esta institución.

La visita de los miembros del CODEH y dirigida por el Presidente de la organización, Andrés Pavón, se debe a denuncia de trabajadores (as), quienes han manifestado que se les está despidiendo de los puestos de trabajo de manera bochornosa, al asignar a otras personas las actividades que ellos tienen asignadas, esto, según el Código laboral es un despido indirecto; en el lugar nos dimos cuenta que esta Secretaria tiene enlistados a más de mil doscientos trabajadores (as) que serán cesanteados, la mayoría de ellos integran el Frente Nacional de Resistencia Popular.

El Presidente del CODEH se reunió con el Presidente del Sindicato y personal de la institución; llamó la atención los rótulos colocados en las puertas de algunas oficinas que dicen: “Para solicitud de Trabajo los requisitos son: currículo vitae y constancia del censo actual”, como se pudo constatar se está despidiendo personal y a la ves se está contratando personal, el censo se refiere al censo del partido en el gobierno.

Sorpresa nos hemos llevado al darnos cuenta que el Sindicato no tiene una copia del reglamento interno de la Institución y fue hasta ese momento, ante nuestra presencia, que se le entregó una copia; desde CODEH quedamos comprometidos a darle seguimiento a este caso y establecer un mecanismo de comunicación con la dirigencia del Sindicato a fin de actuar oportunamente en caso que esta agresión a los derechos económicos y sociales de los (as) trabajadores (as) se disminuyan y menoscaben, les pedimos se respete el principio progresivo que se lee en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras normas de la OIT.

La intervención del CODEH, por ahora, ha incidido en evitar el despido masivo previsto; se aprovecho la oportunidad para solicitar al Secretario de la Institución una reunión con el titular para días después de semana santa.


Andres Pavon en reunión con sindicato

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Amenazas a muerte penden sobre defensores y defensoras de DDHH

Domingo, 28 de Marzo de 2010
Marvin Palacios | Un nuevo caso de persecución y amenazas a muerte en contra de defensores y defensoras de derechos humanos registró recientemente el Area de Acceso a Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).

Se trata de la joven Denia Mejía quien interpuso una denuncia por amenazas a muerte que ha recibido en la semana comprendida entre el 14 al 20 de marzo del año en curso.

“Tuve una amenazas cuando recién pasó el golpe de estado, consistentes en mensajitos electrónicos en mi teléfono donde me decían que me apartara de la resistencia si quería vivir”, comentó Mejía.

Añadió que en otro mensajito decía que si recordaba el caso de Riccy Mabel (violada en múltiples ocasiones y asesinada en 1992 por militares).

“De julio a la fecha no habían habido más amenazas pero el 14 de marzo estando en la Esperanza durante la Asamblea Nacional Constituyente Popular llegó a mi teléfono otro mensaje y el 17 recibí otros correos de voz en donde se escuchaba: muchachita callate el pico si no querés que te lo callen, entonces fue el domingo un mensaje y el miércoles otro “, explicó la denunciante.

Mejía detalló que el sábado (20 de marzo) de la semana pasada “mientras yo estuve fuera, asaltaron mi apartamento, se llevaron la computadora laptop, entraron por una ventana y salieron por la puerta principal, revolvieron la ropa como buscando algo, regaron todo y hurgaron el ropero y no se llevaron otras cosas de valor como una cámara fotográfica y un teléfono”, apuntó la denunciante.

El apartamento de Denia Mejía está ubicado en un lugar céntrico de la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el occidente del país.

Mejía labora en el programa radiofónico “Morazán Vive” que se transmite de lunes a viernes de 1:00 a 1:30 de la tarde en la radio La Voz de Occidente. En dicho programa se aborda la actual situación de amenazas y represión que sufre el pueblo hondureño que se ha movilizado expresando su condena al golpe de estado y que ha exigido el retorno al orden constitucional.

Consultada en torno a las causas de la persecución de la que está siendo sujeta, la joven expresó que “pienso que es porque a partir de marzo nosotros estamos transmitiendo el programa de la resistencia junto con el padre Fausto Milla, también porque yo siempre he estado en todas las actividades de la resistencia”.

El espacio radial “Morazán Vive” es un programa de participación, en la que nosotros solo servimos de guías, quienes hacen el programa realmente son los radio escuchas, explicó Mejía.

Denia Mejía es maestra, soltera (30 años), estudiante de la carrera de Administración de Empresas, residente en al ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán y es la principal colaboradora del reconocido sacerdote Fausto Milla que dirige el Instituto Ecuménico Hondureño de Servicio a la Comunidad (INESCO).

El padre Fausto Milla experimentó amenazas a muerte y persecución durante la brutal represión desatada por los ejércitos y órganos de inteligencia de El Salvador y Honduras que apoyados por los Estados Unidos, ejecutaron la Doctrina de Seguridad Nacional contra opositores y opositoras a los regímenes existentes y que dejó miles de muertos y centenares de desaparecidos y desaparecidas en la región centroamericana en la década de los años ochenta.

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Diputados aprobaban anoche el “paquetazo”

Domingo, 28 de Marzo de 2010
TEGUCIGALPA.- El Congreso Nacional inició anoche con la oposición de diputados liberales y udeístas el debate de la controversial ley de medidas fiscales, más conocida como “paquetazo”, la cual fue remitida por el Ejecutivo.

A la iniciativa denominada “Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público” se le dispensaron dos debates para aprobarlo en uno solo.

Desde el mismo momento en que se remitió el proyecto a la Cámara, diversos sectores alzaron su voz de protesta por considerar que el mismo era el más grosero de todos los ajustes que han puesto en marcha los gobiernos anteriores.

En virtud del rechazo casi generalizado, el Congreso se vio obligado a llamar a los diversos sectores para conocer su punto de vista en torno a la ley de Fortalecimiento.

Fue así que se logró suavizar el impacto demoledor, que de acuerdo a la oposición, la propuesta iba a tener en especial de la clase media y baja y no sólo entre los que más tienen, como lo afirmaban sus defensores.

En la propuesta se desgrava la aportación solidaria temporal, disminuyendo un punto porcentual por año a partir del 2012, llegando a cero en el 2015.

Se gravan los dividendos con un impuesto con una tasa de 10 por ciento, regulándose incluso aquellos dividendos que a la entrada en vigencia se mantienen pendientes de pago.

Se afecta además el alquiler de viviendas con un 10 por ciento, cuyo arriendo o renta mensual sea superior a 15,000.00.

La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) reglamentará el mecanismo de cobro de dicho impuesto.

El Legislativo no aceptó la propuesta del Ejecutivo de aplicar un 15 por ciento del Impuesto Sobre Venta al servicio de las telecomunicaciones.

Asimismo, se debatía si el 12 por ciento del impuesto sobre ventas al consumo mensual de energía eléctrica se aplicaba a partir de 500 kilovatios ó 750 kilovatios.

ADEMAS se discutía
gravar con 5,000 adicionales a los impuestos actuales, la importación de vehículos usados.
Aplicar 330 lempiras a cada millar de cigarrillos producidos.


Liberales y udeistas rechazan paquetazo



La bancada liberal y udeista oficializaron anoche su rechazo el paquete de medidas fiscales cuya aprobación fue iniciada anoche por el Congreso Nacional.

El diputado liberal por Atlántida, Gonzalo Rivera a nombre de todos sus compañeros de Cámara, leyó una nota en donde cuestionó fuertemente la iniciativa.

“No es cierto que estas medidas sólo afectarán a los empresarios”, dijo, pues muchos de los impuestos aprobados serán transferidos a los pobres.

No es posible que se grave con impuestos los jugos y toda clase de bebidas cuando Honduras es un país.

También el udeista Marvin Ponce calificó como un grosero trancazo a los pobres, la propuesta, aunque admitió que se logró suavizar en gran medida.

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La CIDH pide esclarecer crímenes de periodistas

Domingo, 28 de Marzo de 2010
TEGUCIGALPA.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó el homicidio contra periodistas hondureños y pidió al Estado esclarecer los crímenes y adoptar mecanismos de protección.

En un comunicado emitido ayer, la Relatoría repudió los asesinatos de los periodistas del Canal 4 R.Z. Televisión y Radio Excelsior de Juticalpa, Olancho, José Bayardo Mairena Ramírez y Manuel de Jesús Juárez, ocurridos el 26 de marzo anterior, cuando venían a su ciudad de residencia procedentes de Catacamas.

La Relatoría Especial expresó su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la prensa en Honduras.

En los primeros tres meses del año han sido asesinados cinco periodistas sin que a la fecha se conozcan avances en las correspondientes investigaciones, reclama la CIDH.

PAIS DE ALTO RIESGO
Honduras se ha convertido en uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo en toda la región, establece el comunicado de prensa.

Según la información recibida –dice el documento– Mairena y Juárez se dirigían en un auto particular por la carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias ráfagas de metralleta.

Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras.

“La Relatoría Especial reitera su profunda preocupación por la situación particularmente grave que viven los periodistas hondureños, y el hecho que de los cinco homicidios ocurridos en el 2010 hasta el momento no se conozca ningún resultado de las investigaciones policiales”, se destaca en el documento. Asimismo, la Relatoría Especial urgió al Estado de Honduras a crear mecanismos efectivos de protección de los comunicadores en riesgo y a que investigue todos los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados, y capture y sancione adecuadamente a todos los responsables.

Recordó al Estado que el principio nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

GRAVEDAD

“La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación por la gravedad de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la prensa en Honduras”, dice el comunicado.

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Juan Orlando denuncia amenazas por paquetazo

Sábado, 27 de Marzo de 2010
TEGUCIGALPA.- El titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, dijo ayer que ha recibido mensajes entre líneas de un sector de la empresa privada que pueden interpretarse como una amenaza a que continúe en su puesto si no reflexiona en algunos aspectos del paquete de medidas tributarias que se discutirá este día en la Cámara Legislativa.

Hernández expresó que esos mensajes los ha recibido de la voz de varios empresarios con quienes ha sostenido conversaciones sobre el tema fiscal.

Según Hernández, la otra interpretación que ha hecho de las conversaciones es que las medidas fiscales pueden llevar al colapso a un sector importante de la empresa privada.

El presidente-diputado comentó que no puede dejar de hacer esas valoraciones porque en el futuro puede arrepentirse de haber asimilado correctamente los alcances de una plática.
“Yo no puedo dejar de hacer esas interpretaciones que las considero que están entre líneas, porque en el futuro me puedo lamentar”, precisó el diputado por Lempira.

Hernández sostuvo su crítica hacia un sector de los empresarios que después del 28 de junio manifestó su deseo de ser más desprendido en la distribución de la riqueza y ahora expresan todo lo contrario.

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Juez libera a 11 sindicalistas detenidos por ocupar Universidad en Honduras

Viernes, 26 de Marzo de 2010
EFE - Un juez hondureño ordenó hoy la liberación de 11 sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) que estaban detenidos por disposición suya por mantener ocupada esa institución en medio de un conflicto laboral con sus autoridades, aunque seguirán bajo medidas cautelares.

Una fuente judicial indicó que el juez Melvin Bonilla, de un Juzgado Penal de Tegucigalpa, cambió, a petición de la defensa, la detención judicial que dictó ayer contra 11 de los 16 miembros de la junta directiva central del Sindicato de Trabajadores de la UNAH por los seis días previos a la apertura del proceso en su contra.

Bonilla resolvió que ahora los 11 sindicalistas estarán bajo medidas cautelares, entre ellas presentarse a firmar el libro de registro del juzgado tres veces por semana, no ir a la UNAH, no salir de Honduras y quedar bajo la tutela del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (privado), que les apoya, explicó la fuente.

Otros cuatro dirigentes están bajo arresto domiciliario desde ayer por ser mayores de 60 años, entre ellos el presidente del sindicato, René Andino, y otro recibió medidas más flexibles por razones de salud.

El juez emitió el fallo de ayer después de que los sindicalistas se presentaran voluntariamente a declarar ante las órdenes de captura emitidas el lunes por el juzgado a petición del Ministerio Público.

Los sindicalistas comenzaron el 23 de febrero pasado la ocupación gradual de edificios de la Universidad como medida de presión a sus autoridades para la negociación de un nuevo contrato colectivo.

El Ministerio Público acusó a los sindicalistas de los delitos de sedición, usurpación y coacción por la toma de las instalaciones de la UNAH, que permanece cerrada.

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Audiencia: Temática ante la comisión interamericana de los derechos humanos (CIDH)

Viernes, 26 de Marzo de 2010
AUDIENCIA TEMÁTICA ANTE LA COMISÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 23’3’10
RESPUESTA DEL SISTEMA JUDICIAL EN HONDURAS

I. Introducción

En esta audiencia brindaremos información actualizada sobre la respuesta que ha otorgado y continúa otorgando el Poder Judicial a los hechos y delitos relacionados con el golpe de Estado en Honduras.

No se puede hablar de una adecuada protección de los derechos humanos sin órganos de garantía que permitan el acceso de las víctimas a recursos efectivos. En el caso de Honduras, la Comisión Interamericana tiene pleno conocimiento de las violaciones de derechos humanos que se perpetraron en el contexto del golpe de Estado
Pese a que el 27 de enero asumió el poder el señor Porfirio Lobo Sosa, producto de un proceso electoral que el Informe sobre Honduras emitido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe como “de limitaciones y suspensión de garantías”, actualmente los cambios en materia de protección y garantía de los derechos humanos no han sido sustanciales.

En el nuevo gobierno han sido asesinadas 6 personas por presuntas motivaciones políticas, 3 de ellos periodistas, uno de los periodistas, el señor Nahúm Palacios gozaba de medidas cautelares que nunca se implementaron, en relación con otro de los asesinados, el señor Francisco Castillo, la Comisión había solicitado información al Estado sobre su situación de riesgo. A este panorama se suman secuestros, decenas de amenazas, seguimientos, actos de hostigamiento y otras acciones que la Comisión recientemente señaló como parte de “un contexto de grave hostigamiento contra los miembros activos de la resistencia en Honduras”.

Mencionamos lo anterior porque en este contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el órgano judicial tiene la obligación de garantizar una tutela efectiva para que las víctimas y, en su caso, la sociedad en su conjunto encuentren verdad, justicia y reparación, sin embargo hasta la fecha, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público han declinado su deber de garantizar los derechos humanos y como fue señalado en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, estas autoridades más bien han defendido medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho.

Para demostrar nuestro dicho nos referiremos inicialmente a los procesos de hábeas corpus y amparo, posteriormente haremos mención del estado procesal y el tratamiento otorgado a las denuncias por violaciones de derechos humanos y finalmente se abordará el comportamiento del órgano judicial en los delitos contra opositores al gobierno de facto.

1. Hábeas corpus y amparos

En relación con el recurso de hábeas corpus, es conocido por la Ilustre Comisión que el comportamiento del órgano judicial fue diferenciado según la región en la que fuera presentado. Solo para citar dos ejemplos: en Tegucigalpa, la mayoría de hábeas corpus interpuestos no resultaron efectivos por la retardación en el nombramiento de los ejecutores, además prácticamente todos fueron declarados sin lugar. Como consecuencia, las detenciones no se calificaron como ilegales y por ello no es posible formular acusaciones a los responsables por la comisión del delito de detención ilegal tipificado en el artículo 193 del Código Penal.

En las ciudades de San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés que forman parte del Departamento de Cortes, el Frente de Abogados presentó 150 recursos de hábeas corpus, todos ellos fueron declararon con lugar.

Ahora bien, existe una preocupación en cuanto a la falta de inicio de las investigaciones penales relacionadas con las detenciones ilegales porque de acuerdo con la normativa interna hondureña[1], el Ministerio Público debe investigar de oficio este tipo de delitos. Por consiguiente, las miles de detenciones ilegales y arbitrarias continúan en la impunidad.

En cuanto a los recursos de amparo, según un informe elaborado por el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), el cual tuvo como fuente los libros de registros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde el 28 de junio hasta el mes de octubre del año 2009 se habían presentado 87 recursos de amparo contra diversas actuaciones del gobierno de facto, de estos solo el 6% fueron admitidos para estudio, sin embargo hasta el día de hoy y de acuerdo con la información que tenemos los presentes, ninguno de estos recursos de amparo surtió algún efecto.

2. Procesos de investigación de las violaciones de derechos humanos

Como hemos mencionado, las violaciones de derechos humanos en el contexto del golpe de Estado son graves, múltiples y diversas. No obstante, hasta el momento ninguna persona ha sido condenada por alguna de ellas.

Solo el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus familiares (CPTRT) presentó 35 denuncias por tortura y malos tratos. De estas, el Ministerio Público solo ha presentado una acusación (requerimiento fiscal) en contra de dos policías por la tortura que sufrió el joven Milko Durán Céspedes. En otros casos ni siquiera se atendió oportunamente a las víctimas por lo que no se cuenta con dictámenes de medicina forense que acrediten el tipo de agresión y las afectaciones sufridas.

Por su parte, el Frente de Abogados de la Zona Norte presentó un total de 46 denuncias por actos de tortura, detenciones ilegales, intimidación y lesiones ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos solamente durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de noviembre en el marco del proceso electoral. En ninguno de estos casos el proceso ha brindado algún resultado concreto.

De acuerdo con el recuento que llevamos las organizaciones presentes, de todas las denuncias presentadas por violaciones de derechos humanos en este contexto, el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal en contra de agentes estatales en menos de 10 casos. Sin embargo, quisiéramos mencionar lo ocurrido en algunos de estos procesos:

En el proceso que se inició contra la junta de comandantes del Estado Mayor[2] por los delitos de abuso de autoridad y expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales, se les aplicó el procedimiento penal para altos funcionarios del Estado aunque no hay norma expresa que los califique como tales. En contraste, a varios ministros del gobierno del Presidente Zelaya se les sometió al fuero común siendo ellos altos funcionarios de Estado. Además en el proceso contra la Junta de Comandantes se nombró como juez natural al Presidente de la Corte Suprema, señor Jorge Alberto Rivera Avilés, quien al igual que el resto de la Corte, en reiteradas ocasiones manifestó públicamente su opinión sobre la legalidad del golpe de Estado, así cuando es nombrado con juez en este caso, algunas organizaciones de derechos humanos lo recusan, sin embargo su solicitud fue rechazada. En el mismo documento, las organizaciones solicitaron ser parte del proceso pero igualmente se les negó este derecho.

Adicionalmente el Ministerio Público calificó las acciones de los militares únicamente como abuso de autoridad y expatriación, aunque los hechos también constituían los delitos de traición a la patria, sedición, usurpación de funciones, daños, entre otros. Aunque el juez tenía la facultad de variar esta calificación no lo hizo[3]. Finalmente, el resultado de este proceso fue el sobreseimiento definitivo a favor de los militares y la conclusión del juez se basó en la inexistencia de dolo, más bien él señala que la actuación de los militares se justificó por un deseo “de preservar la democracia y evitar un derramamiento de sangre”.

Otro ejemplo muy ilustrativo lo constituyen los procesos iniciados contra militares por sus acciones delictivas contra medios de comunicación. Recordemos que en el contexto del golpe de Estado, las violaciones a la libertad de expresión fueron graves y sistemáticas. Al respecto, la Ilustre Comisión Interamericana adoptó numerosas medidas cautelares. Algunos de los medios de comunicación con mayores afectaciones son Radio Progreso, Radio Uno, Canal 36 y Radio Globo. Todos estos medios fueron allanados, y víctimas de constantes interrupciones en sus trasmisiones, los periodistas también fueron golpeados, hostigados, amenazados, y hasta detenidos ilegal y arbitrariamente.

En el proceso seguido por el allanamiento de Radio Progreso el Ministerio Público presentó requerimiento contra varios militares. Estos fueron sobreseídos definitivamente porque el juez consideró que no hubo una orden formal de cierre de la Radio y que, pese a la presencia masiva de militares en la radio, los empleados voluntariamente dejaron las instalaciones sin que nadie les ordenara su salida o les impidiera su regreso. Esto fue apelado por el acusador privado desde el 26 de diciembre de 2009 y hasta la fecha no hay resolución al respecto.

Un criterio similar fue la base del sobreseimiento definitivo que se otorgó a los militares en los procesos por abuso de autoridad y daños contra los medios Canal 36 y Radio Globo. En estos casos, seguidos en dos procesos distintos, los jueces coincidieron en expresar que los imputados no actuaron dolosamente, sino que ellos tuvieron que intervenir las instalaciones de tales medios porque “para nadie es desconocido las intenciones de algunos servidores del poder ejecutivo y parte de la población civil en mancillar la Constitución de la República”, es decir, para los jueces, los militares violaron la libertad de expresión porque “actuaron en cumplimiento de un deber constitucional” y que además de esta acción no se derivó ningún daño.

Cabe destacar que estos procesos por los delitos contra medios de comunicación solo se incoaron contra militares de bajo rango, no así contra los funcionarios de facto que emitieron decretos abiertamente contrarios a la Constitución Política y a los instrumentos internacionales, ni contra aquellos que ordenaron los allanamientos, e interrupciones ilegales de las trasmisiones.

3. Procesos contra opositores al golpe de Estado

La conducta más sesgada de los órganos judiciales se evidencia en los procesos contra opositores al golpe de Estado.

El Frente de Abogados contra el golpe participa en la defensa de ciento once personas acusadas por los delitos de SEDICIÓN, REBELIÓN, TERRORISMO, MANIFESTACIONES ILÍCITAS, ROBO AGRAVADO E INCENDIO AGRAVADO, de estos, veinticinco fueron sobreseídos provisionalmente, solamente dos en forma definitiva, setenta y tres personas continúan siendo procesadas con medidas sustitutivas como no salir del país, presentarse periódicamente a firmar y no asistir a manifestaciones “violentas”, cinco personas todavía están privadas de libertad, tres por los delitos de robo agravado y dos por los delitos de terrorismo, asociación ilícita y fabricación de material de guerra, finalmente seis personas tienen órdenes de captura por los delitos de TERRORISMO, INCENDIO AGRAVADO, FABRICACIÓN DE MATERIAL DE GUERRA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA.


Estas detenciones fueron ilegales porque:


· A ninguna de las personas se les informó sobre sus derechos al momento de la detención, de manera que en promedio permanecieron más de 3 horas sin conocer los cargos imputados. Esto es contrario a lo establecido en normas de la Constitución de la República de Honduras y del Código Procesal Penal[4]. Aunque los defensores realizamos este alegato en la sede judicial, todos los jueces lo rechazaron. Por ejemplo, en el proceso de las 24 personas detenidas el 12 de agosto el juez Esteban Quevedo justificó que la policía si les había leído sus derechos aunque el acta de lectura se firmara horas después, sin embargo en este caso los propios policías (NILSON ENILSON CARCAMO GARAY y RAFAEL FLORES BACA) declararon en el proceso que ellos no les leyeron sus derechos aunque sus firmas figuran en las actas. Nuevamente la consecuencia de la decisión de los jueces es la imposibilidad de procesar a los agentes estatales por el delito de detención ilegal.

· En dos casos se incumplió con el plazo para celebrar la audiencia inicial y definir la situación jurídica de los detenidos. De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución de la República y el artículo 292 del Código Procesal Penal una persona no puede estar detenida por más de seis días sin definir su situación jurídica. En caso de incumplimiento, lo procedente es que prosiga el juicio con los imputados en libertad bajo medidas sustitutivas a la prisión. Sin embargo, en estos dos casos, los jueces LAURA CASCO Y ESTEBAN DANIEL QUEVEDO CENTENO, hicieron caso omiso de esa normativa y mantuvieron en custodia a los detenidos más allá del plazo citado.

· Además, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución y el artículo 285 del Código Procesal Penal, después de una detención, el Ministerio Público tiene un término de 24 horas para presentar el requerimiento fiscal y poner el imputado a las órdenes del juez. La práctica constante en los casos citados fue la presentación del requerimiento fiscal no así a los imputados quienes continuaron bajo la custodia de la policía.

En adición a los hechos descritos, las personas detenidas también han sido víctimas de otras violaciones:

· La mayor parte de los procesados fueron torturados por miembros de la policía y del ejército, sin embargo ninguna autoridad les permitió el acceso a atención médica inmediata, todo lo contrario el Ministerio Público les acusó criminalmente, no así a sus agresores. Los jueces por su parte no ejercieron el control de legalidad sobre estas detenciones y más bien dieron curso rápidamente a acusaciones que la propia Alta Comisionada de las Naciones Unidas describe como “infundadas, o en el mejor de los casos incongruentes o desproporcionadas”.

· Todos los acusados fueron expuestos públicamente a los medios de comunicación tanto durante su detención como en las audiencias celebradas ante los juzgados.

· Se interpusieron recursos de hábeas corpus a favor de todas las personas detenidas por delitos políticos sin embargo estos fueron resueltos sin lugar.


II. Conclusión

En conclusión, en Honduras la ley se ha aplicado en forma discriminatoria y desigual: los procesos contra opositores del golpe de Estado se tramitaron rápidamente por parte del Ministerio Público, en al menos un caso el juez varió la calificación penal para incluir tipos penales más graves contra opositores, más de 100 personas fueron acusadas por delitos políticos y de estas 79 todavía se mantienen sometidas a procesos penales sin fundamento o en abierta violación a sus derechos, en contraste, las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos no avanzan o lo hacen muy lentamente, el Ministerio Público ha presentado menos de 10 requerimientos fiscales contra agentes estatales por este tipo de hechos, la mayoría de estos requerimientos han culminado con el sobreseimiento definitivo. Ningún agente estatal ha sido condenado por sus actuaciones.

Los peticionarios consideramos que el golpe de Estado agudizó una serie de debilidades institucionales ya existentes que resultaron más evidentes en relación con el funcionamiento del Poder Judicial. En este sentido, el comportamiento de la mayoría de fiscales y jueces se origina en la falta de independencia que caracteriza la función judicial y fiscal.

De esta manera, las Leyes de la Carrera Judicial y Fiscal no se cumplen debidamente, los jueces no son reclutados ni seleccionados en todos los casos, sus promociones no son el resultado de sus méritos en el ejercicio de su cargo y su estabilidad no está garantizada porque muchos pueden ser removidos en cualquier momento. Sobre este tema la Comisión Internacional de Juristas en un informe que realizó en el año 2003 sobre Honduras pudo “constatar que el procedimiento y la manera en que se lleva a cabo la selección, designación, remoción y traslado de Magistrados, Jueces y Fiscales no garantizan la independencia del Poder Judicial”.

Los peticionarios solicitamos a la Ilustre Comisión que llame fuertemente la atención de las autoridades del Estado de Honduras para que cesen las prácticas violatorias que han sido descritas. En este sentido formulamos las siguientes peticiones:

- Que en un comunicado adicional al que emite al finalizar las audiencias la Comisión Interamericana exprese su preocupación por la respuesta inefectiva que ha otorgado el Poder Judicial y a la vez exhorte el cumplimiento de la obligación de investigar las conductas de todos los funcionarios judiciales y fiscales que han actuado en contra de la ley y al margen del principio de independencia e imparcialidad, y la correspondiente sanción.

- Que con base en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Ilustre Comisión de seguimiento permanente a los procesos de investigación por las violaciones de derechos humanos ocurridas en Honduras, solicitando información a las autoridades estatales respecto de las actuaciones del órgano judicial a partir del 28 de junio del año anterior, en particular los casos que han sido mencionados en esta audiencia.

- Que la Comisión Interamericana programe una nueva visita a Honduras en seguimiento a la que realizó en el mes de agosto del año anterior y en su agenda incluya reuniones para dar seguimiento a las preocupaciones expresadas en esta audiencia.

- Que la Ilustre Comisión continúe tramitando en forma rápida todas las peticiones que se relacionan con hechos violatorios originados en el golpe de Estado, así como todas aquellas peticiones que habiéndose presentado antes del golpe reflejan violaciones estructurales que se vieron agudizadas con dicho acontecimiento.

- Que ante el incumplimiento notorio en la implementación de las medidas cautelares por parte del Estado de Honduras y siendo que la situación de riesgo subsiste, requerimos a la Comisión Interamericana valorar la pertinencia de solicitar medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, que la Comisión inicie de oficio la tramitación de aquellos casos en que se configuró la violación con base en el artículo 24 del Reglamento de la CIDH.

Anexos:

1. Recurso de apelación interpuesto por el acusador privado en el proceso seguido por los delitos de abuso de autoridad y delito contra los medios de comunicación, en perjuicio de la administración pública y Radio Progreso.
2. Acta de audiencia inicial de fecha 5 de enero de 2010 en el proceso por destrucción o daño del servicio telecomunicaciones y abuso de autoridad en perjuicio de Canal 36.
3. Extracto del acta de audiencia inicial en el proceso por destrucción o daño del servicio telecomunicaciones y abuso de autoridad en perjuicio de Radio Globo.
4. Resolución de fecha 26 de enero de 2010 que dicta sobreseimiento definitivo a favor de la Junta de Comandantes del Estado Mayor.
5. Resolución de fecha 18 de febrero de 2010 emitida por la Corte de Apelaciones designada por la Corte Suprema que resuelve el recurso de apelación a favor de de la Junta de Comandantes del Estado Mayor.
6. Acta de audiencia inicial de fecha 6 de octubre contra 50 opositores al golpe de Estado.
7. Acta de audiencia inicial de fecha 18 de agosto contra 24 opositores al golpe de Estado.


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[1] Los artículos 92 del Código Procesal Penal, 16 y 33 de la Ley del Ministerio Público

[2] Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes Suazo, Carlos Antonio Cuellar Castillo, Luis Javier Prince Suazo, Miguel Ángel García Padgett y Juan Pablo Rodríguez Rodríguez.

[3] En el proceso contra los señores Dagoberto Andrade y José Antonio Torres Meza se varió la calificación legal por un tipo más gravoso, inicialmente el juez de primera instancia aceptó la acusación por el delito de incendio agravado y luego en la Corte de Apelaciones al tramitar el recurso de apelación se le cambió al delito de terrorismo.

[4] Artículo 69 de la Constitución de la República de Honduras y en los artículos 101, 282 y 285 del Código Procesal Penal

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